Controversia ha generado en el mundo político una investigación que dio a conocer que las familias Piñera y Délano cerraron un acuerdo de compraventa del proyecto Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, en el denominado caso Pandora Papers.
Candidatos presidenciales como José Antonio Kast (Partido Republicano), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Yasna Provoste (Nueva Pacto Social) y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista) han pedido al presidente aclarar esta situación.
Desde el gobierno, emitieron un comunicado en el que aseguraron que “el Presidente nunca participó en venta de Dominga”.
“Los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del Presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”, afirmó el texto.
Además, el comunicado agregó que “la decisión de la Fiscalía fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia y ratificada unánimemente por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia”.
Comunicado de Prensa referente a publicación periodística del 3 de octubre de 2021 pic.twitter.com/TiLVAzTAOJ
— Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) October 3, 2021
Pandora Papers: ¿Una posible acusación constitucional contra el presidente Piñera?
Sobre esto en Hablemos en Off , Consuelo Saavedra señaló que “lo que más llama la atención es esta cláusula de traspaso para la venta de los Piñera Morel a Duero por el 33% de Dominga”.
“El gran problema que hay que aclararse con exactitud porque las decisiones administrativas del gobierno que permitían llevarse a cabo este proyecto significaban un pago extra para el patrimonio de la familia del presidente y eso es un problema donde quiera que sea”, afirmó Matías del Río.
Por su parte, Nicolás Vergara señaló que “de acuerdo a como está diseñada la institucionalidad medio ambiental en Chile, la decisión sobre aprobación o rechazo de un proyecto no recae en la decisión del Presidente de la República (…) Aunque han habido excepciones “.
“Creo que es un conflicto de interés del porte de una catedral que no tengo idea si da o no para un acusación constitucional porque ha pasado mucho tiempo”, señaló Saavedra.
Por su parte, Vergara sostuvo que “no puede dar para una acusación constitucional porque las acusaciones constitucionales tienen que ver con una notable abandono de deberes”.
Sobre esto, la periodista señaló que para acusar constitucionalmente a un presidente es por “comprometer gravemente el honor o infringir la Constitución y las leyes, por lo que hay que ver si infringe una ley”.
Gobierno cataloga de “aprovechamiento político y una lógica de golpe blanco” posible acusación constitucional
Respecto de la posible acusación constitucional, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio señaló que “los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”.
“Esto tiene una motivación política, quieren aparecer más en las encuestas y ocupar una cuestión antidemocrática”, agregó.
Asimismo, aseveró que “querer hacer una acusación constitucional no es más que un aprovechamiento político y una lógica de golpe blanco que es inaceptable en una democracia”.
