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La Corte de Apelaciones de Antofagasta envió al Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad, tras un recurso interpuesto por los abogados de la profesora María Angélica Ojeda, quien busca retirar los $46,5 millones de su ahorro previsional para pagar su crédito hipotecario, el cual no puede costear con los $185 mil que recibe como pensión mensual.
El TC deberá iniciar un proceso de interpretación jurídica para definir si es que algunos elementos del decreto de ley 3.500 se contraponen al derecho a la propiedad establecido en la Constitución, lo que, de ser así, podría poner en una compleja situación al sistema completo de pensiones.
