Tras el informe que reveló que las Ues. estatales tienen el segundo arancel más alto de la OCDE ¿Debiesen existir más fondos para investigación, gratuidad o becas?

El último informe “Education at a Glance 2017”, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) reveló que los aranceles de las universidades estatales chilenas son los segundos más altos entre 46 sistemas educacionales correspondientes a 35 países miembros del organismo internacional y 11 asociados.

El promedio del valor anual que se exige en los planteles estatales chilenos es de US$ 7.654 (cerca de $ 4,7 millones), casi US$ 600 menos que en Estados Unidos y casi dos mil dólares ($ 1,2 millones) superior a lo que se cobra en Japón, ubicado en el tercer lugar.

Ante esto, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, señaló que “esto no es un secreto para nadie. Chile sistemáticamente viene apareciendo hace muchos años dentro de los países con más altos aranceles a nivel internacional, y obviamente es parte de los insumos que tenemos a la vista para la reforma de educación superior”.

Uno de los motivos por los que el país está entre los primero lugares de la OCDE en esta materia se debe a la diversidad de los subsidios que el Estado entrega para el financiamiento de acceso a la educación superior (sistema de becas y créditos).

Sobre esto, el presidente de Acción Educar, Raúl Figueroa, explicó que “el mecanismo de financiamiento en el caso chileno está complementado con los subsidios que el Estado entrega. Eso es fundamental, porque si sólo se miran los precios de los aranceles y desconoce los aportes que el Estado entrega a los estudiantes para facilitar el acceso a través de las becas y los créditos, evidentemente que pasa a ser un arancel imposible de cubrir. La realidad, sin embargo, es que esos aranceles son subsidiados, a través de un sistema de financiamiento distinto al de otros países, pero que es común al de sistemas exitosos como Estados Unidos y Australia”. 

El gobierno ingresó este año un proyecto orientado a regular la situación de las instituciones públicas y uno de los puntos que más discusión ha generado es el relativo a las vías de financiamiento de la educación superior.