¿Crees que el SII ha usado correctamente sus facultades discrecionales en las investigaciones de financiamiento de la política?
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La Contraloría General de la República difundió un dictamen que responde a la presentación de Paulina Carrasco y Maritza Navarrete —ex abogadas del organismo tributario— para que el ente revisara la legalidad de las decisiones del Servicio de Impuestos Internos en materia de ilícitos tributarios y, en especial, en relación al financiamiento irregular de campañas políticas.
En el escrito la Contraloría reconoce que el SII tiene facultades para aplicar multas y penas de cárcel, o sólo sanciones económicas, así como también decidir sobre la presentación de querellas y denuncias. Al respecto, le recuerda al organismo que es indispensable que estas decisiones tengan un “fundamento racional” y que no obedezcan al “mero capricho”.
Recordó además que “las autoridades y los funcionarios del SII están obligados a observar el principio de imparcialidad”, y en el caso que esto no se respete, se vulnera el principio de probidad.
La Contraloría pidió también que se investigue demora del SII en presentar una denuncia en contra del ex senador Carlos Ominami, contra quien se interpuso una querella después de 7 meses desde que el Ministerio Público le comunicó sobre su eventual participación punible.
El tema generó toda clase de interpretaciones. En Duna, el abogado Luís Cordero precisó que “el dictamen de la Contraloría reafirma las facultades discrecionales del SII y le recuerda que deben ser fundadas”.
En la misma línea argumentativa, y como respuesta a este escrito, Impuestos Internos respondió que “es importante destacar que la Contraloría General de la República en su dictamen fortalece la independencia del SII, reconociendo que la presentación de querellas nominativas se enmarca dentro de la estrategia judicial que adopta el Servicio en los procesos penales en que interviene”.
