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La vicepresidenta Carolina Tohá aseveró que “vamos a constituir una fuerza de tarea conjunta de ambas policías con apoyo de Fiscalía para poner las capacidades de inteligencia, la información disponible sobre la región del comportamiento criminal y abordarlos con estrategias conjuntas desde ahora”.
El mandatario defendió el proyecto y también apuntó hacia la conversación sobre la reforma tributaria, que ayudaría a mejorar la PGU.
La vocera Camila Vallejo también agregó que “una cosa es la condena de los hechos y otra cosa es la actuación para que haya justicia, y necesitamos que haya justicia en este caso”.
Expertos aseguran que las bandas dedicadas a crímenes por encargo, sicariato o ajustes de cuentas han logrado redes que les han permitido mezclarse con delincuentes comunes.
Otro de los incisos aprobados apunta a que las policías estarán “sujetas a controles en materia de probidad y transparencia”.
La socióloga y experta en seguridad en América Latina se refirió a la medida que busca bajar la edad de control a 14 años y comentó al respecto que “no hay ningún país que demuestre que parar a los policías en un a esquina permita controlar ni prevenir efectivamente”.
Mónica Pérez conversó con la socióloga y experta en seguridad en América Latina, Lucía Dammert quien explicó por qué esta medida es poco efectiva.
Tras la cita, el Presidente definió un plazo de 90 días para que la mesa de trabajo entregue un informe, y estableció que se reunirán todos los lunes a partir de las 16:00 horas en el Ministerio del Interior.
