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La autoridad señaló que “durante el año 2022 y 2023 han habido 325 condenas en materia de violencia en la Macrozona Sur. Hay en estos momentos 327 imputados, de los cuales 124 están en prisión preventiva”.
“Tenemos identificados grupos que particularmente se coordinan para llevar adelante hechos de vinolencia en el marco de actividades de esta naturaleza”, declaró el subsecretario del Interior.
Respeto a los dichos del subsecretario, el alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, “no corresponde pedirles que dejen de asistir a sus trabajos o compromisos, pues se estaría afectando sus derechos”.
“Hay información posible de que existen amenazas, las que estamos abordando en conjunto y en coordinación con otras instituciones del Estado, porque las consideramos graves”, indicó el subsecretario del Interior.
Además, junto a Nicolás Vergara y Las Infiltradas, Mariana Marusic, periodista de Pulso LT, y Leslie Ayala, Coordinadora de Policías y Tribunales, analizaron todo lo que hay que saber del “pacto fiscal” cómo entender este nuevo intento del Gobierno y el remezón al interior de Carabineros y la molestia de La Moneda por no actuar en marcha del Team Patriota.
La autoridad de Interior aseveró que “no comparto ninguna de las frases. Siempre hay espacios para la crítica pero son frases descalificatorias (…) A las críticas hay que sumarle propuestas de soluciones y ahí hay un vacío”.
El ministro (s) explicó que “estamos solicitando formalmente al Consejo de Defensa del Estado que se haga parte para representar los intereses del fisco. Y para eso, hay una entidad completamente autónoma del Gobierno, que es el Ministerio Público, y tiene un fiscal a cargo que está llevando adelante las diligencias para determinar los responsables”.
La autoridad de Interior aseveró que “frente a la situación que vive el país, que el Parlamento haya decidido suspender la semana distrital y votar proyectos de seguridad, me parece una señal muy importante”.
Las declaraciones de los representantes del gobierno van en contra de la postura que expresó la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, en enero anterior, quien sugirió que Boric desconocía los antecedentes al momento de tomar la determinación de indultar.
También destacó que el control de detención se iba a realizar hace algunas horas, pero se postergó debido al fallecimiento de la víctima.
