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Santiago Rojas aseveró que “estamos tomando otra medida que es poder prorrogar los créditos que tienen los productores y productoras y además de una línea de ayuda para condonar los créditos de personas que hayan tenido pérdida total de su predio”.
Desde el ejecutivo aseguran que en el caso del primero “obedeció a un especial contexto, en pro del interés general y en beneficio de la paz social”, explicaron. Y en el caso del ex frentista se apuntó a su “reinserción social”.
Antes de esta declaración y tras la reunión con representantes de partidos oficialista y de la oposición, la vocera Camila Vallejo aseveró que “el gobierno no tiene ningún problema en aplicarlo”.
María José O’ Shea y María del Carmen Rodríguez conversaron con la ministra de Bienes Nacionales y coordinadora de enlace en la Región de los Ríos , Javiera Toro, sobre la situación que se vive en la región y el llamado del ex presidente Sebastián Piñera, que dijo que están a la disposición del actual gobierno para enfrentar la emergencia. Además, junto a La Infiltrada, Lesli Ayala, Coordinadora de Policías y Tribunales LT, analizaron el violento inicio de año cuanto a femicidios y la decisión de la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió parcialmente el recurso de nulidad presentado por el cineasta.
Asimismo, aseveró que “tenemos 11 personas detenidas y 13 órdenes de investigar a propósito de que haya antecedentes de posible origen intencional del fuego. Son casos que deben aclararse y no podemos aún llegar a conclusión”.
Arturo Fontaine Y María José O’Shea hicieron una revisión por las principales noticias que han marcado la pauta nacional e internacional junto a José Antonio Viera-Gallo, político y abogado de la exministra Marcela Ríos frente a su acusación constitucional.
Esta situación se produce justo en el momento en que el Presidente Gabriel Boric se encuentra en Argentina producto de la Celac.
Arturo Fontaine, María José O’Shea y Pablo Ortúzar hicieron una revisión por las principales noticias que han marcado la pauta nacional e internacional.
El proyecto establecía la creación de dos minas y un megapuerto en la región de Coquimbo, cuyo yacimiento estaría ubicado a 16 kilómetros al norponiente de la comuna de La Higuera.
Respecto al reconocimiento del gobierno de las desprolijidades de este proceso, aseveró que “esas evaluaciones han sido políticas no jurídicas”.
