Duna
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Recordemos que se investiga a la exalcaldesa por malversación de $31.533 millones. Monto que supera otros recientes casos.
Matías del Río y Josefnia Ríos conversaron con el gerente general de Cadem, Roberto Izikson, se refirió a la baja en la aprobación de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la situación del gabinete del Presidente Gabriel Boric. Además, junto a la Infiltrada, Leslie Ayala, comentaron la apelación del Ministerio Pública a la medida cautelar de Cathy Barriga.
En definitiva, Monsalve reconoció que recibió un título falso, aunque se lo pidieron, no lo pidió porque “tenía miedo”. “Era un título de la Universidad Católica de periodista, el cual obviamente es falso (…) No sé qué hicieron con ese título ni para qué lo usaron” djio.
Matías del Río y Josefina Ríos junto a la Infiltrada, Leslie Ayala, hablaron de los nuevos antecedentes del Caso Cathy Barriga, además hablaron con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien se refirió a la puesta en marcha del tren más rápido de Sudamérica, los próximos proyectos de trenes y la polémica sobre las normativas de la Ley Uber.
El juez Hugo Salgado desestimó la prisión preventiva señalando que Barriga no presenta antecedentes ni riesgos de poder volver a cometer delitos,
El Juez apuntó a que a pesar de la gravedad del delito, esto no justifica que Barriga sea encarcelada, argumentando que no tiene antecedentes previos ni hay indicios de que pueda volver a cometer un delito.
El jefe de bancada de la UDI anunció que “vamos a conversar con él (Lavín), no hemos podido hacerlo, ha estado ocupado. Pero por el momento, lo único que podemos decir es lo mismo que decimos cuando aparece información sobre algún político que no es de nuestro sector: Pedirle a la justicia, pedirle al Ministerio Público que hagan lo que tienen que hacer”.
Por su parte, el diputado Diego Ibáñez (CS) fue más allá y pidió el desafuero de Lavín. “Aquí estamos frente a una participación en el fraude”, dijo.
Recordemos que el día de ayer, la fiscalía señaló que el perjuicio fiscal causado por la administración de Barriga “según los antecedentes existentes a la fecha correspondiente” llega a la suma de $30.972.845.635 y pide prisión preventiva para Barriga.
La fiscalía afirma que “la exedil implementó una estructura orgánica administrativa que posibilitó la disponibilización fraudulenta de recursos públicos, tendiente a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control establecidas por Ley para el resguardo”.
