El próximo 22 de marzo a las 10:00 horas, se llevará a cabo una audiencia para analizar el sobreseimiento de 58 personas del caso SQM, lo cual fue solicitado por el fiscal regional de Valaparaíso, quien está a cargo de esta investigación, Pablo Gómez.
Según La Tercera, en esta lista está Diego Perry Aldana, representante legal de Servicios y Publicidad La Clínica Limitada, empresa que en 2013 facturó $175 millones en servicios por concepto de “asesoría creativa” para la campaña de Michelle Bachelet.
Asimismo, se solicitó el término de la investigación para personas ligadas al ex presidente Eduardo Frei, como a su hermano Francisco Frei, su yerno Pedro Yaconi y su ex contadora Clara Bensan.
Además, se pidió el sobreseimiento de personas cercanas al ex candidato presidencial, Pablo Longueria, como su hijo José Tomás Longueira.
Sobre la suspensión del proceso judicial para 58 personas y las criticas que ha generado esta solicitud, conversamos con el fiscal Gómez en Hablemos en Off.
El persecutor aseguró que actualmente la investigación se encuentra vigente respecto de las personas que se encuentran formalizadas pero que el plazo vence en marzo, por lo que es necesario tomar decisiones respecto a las personas formalizadas y de las que no están con esa condición.
Respecto a estas 58 personas, Gómez señaló que el delito que ellos cometieron son “emisores de boletas ideológicamente falsas. Sin embargo, esto se llevó a cabo en los años 2008, 2009, 2010, por lo que el delito se encontraba prescrito”.
Sobre las críticas por no solicitar la suspensión del proceso judicial contra estas personas con anterioridad, el fiscal regional de Valaparaíso señalo que “si nos hemos demorado en pedir el sobreseimiento con prescripción es porque lo que hemos hecho es revelar la red de partícipes en este delito”.
“Necesito, estando ad portas del cierre de la investigación, separar la paja del trigo” aseguró el fiscal, señalando que “yo no podría formalizarlos sin caer en la figura de la formalización arbitraria”.
El persecutor explicó que hay tres grandes aristas del caso: la vinculación de la empresa SQM S.A por la 14 personas podrían ir a juicio oral, la relacionado con Pablo Longueira por lo que seis personas podrían ir a juicio y la tercera es la vinculada a la persona jurídica, que podría terminar con la suspensión condicional.
Sobre las críticas que han tenido los renunciados fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena que aseguran que la “Fiscalía no está haciendo un trabajo para evitar la impunidad en hechos que dañan nuestra democracia”, Gómez aseveró que “nosotros estamos tomando una decisión totalmente apegada al derecho y que ellos mismo han arribado en casos similares”.
Foto: Duna.
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