Una controversia se mantiene entre Codelco y la Contraloría, luego de que el ente fiscalizador iniciara una auditoría reservada donde cuestionó contratos de la minera con empresas relacionadas, que suman alrededor de US$ 783 millones. Asimismo, el organismo fiscalizador hace observaciones a la indemnización por $511 millones concedida a un ex director de la cuprera.
“Creo que lo que sucede es que en poco tiempo hemos tenido muchas discusiones paralelas en un ambiente político encrispado. Contraloría pasa de ser un contrapeso al sistema democrático a ser una entidad de legitimación mayor”, dijo al respecto el socio de Ferrada & Nehme y jefe del equipo legal que representa a Codelco en la disputa, Luis Cordero, en conversación con Hablemos en Off.
“Con la distancia uno tiende a no tenerlo presente, pero con el contralor Mendoza pasó algo semejante. Fue él quien comenzó a racionalizar el control de Contraloría. En el caso de la discusión de la Superintendencia de Educación, la intervención del contralor Mendoza fue explícita en orden a que la Contraloría también le correspondía velar por los derechos de los estudiantes en establecimientos financiados por bienes públicos”, agregó Cordero.
Asimismo, el abogado señaló que “en ese caso hay un dilema distinto, adaptación que hay que considerar. El dilema no es si Contraloría debe o no controlar las empresas públicas, sino cuál es el estándar”.
“Si a determinado tipo de empresas vamos estableciendo como marco regulatorio ley de sociedades anónimas, el estándar para poder evaluar el funcionamiento debe ser la ley de sociedades anónimas. Ahí está la zona gris, cuál es el estándar. Los sistemas de control se distribuyen de una manera distinta, no es que no haya sistemas de control (…) Legalmente está escrito, las ventajas de esta última discusión es que se ha abierto un espacio de conversación para enfrentar distinto tipos de aproximaciones de cuál es el estándar”, apuntó.
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