Carlos Williamson, investigador de Clapes UC, puso en entredicho la posibilidad de hacerse real la propuesta de ley de gratuidad universal en la educación superior, refiriéndose primero a los aranceles regulados que se establecerían por un comité de expertos calculado por el DIPRES (Dirección de presupuestos del ministerio de Hacienda):
“El problema está en que, además, (el proyecto de ley) establece una transición que fija los aranceles para el resto de los estudiantes y eso grava fuertemente a las universidades.”
“No hay ninguna garantía de que las universidades que hoy día están, o que en el futuro se adscriban, tengan una fuente de financiamiento que garantice compensar los costos de la docencia que hoy día se está compensando a través de aranceles que en el futuro no van a haber”.
Y agregó:
“Finalmente no hay una garantía de que el comité experto pueda determinar un arancel regulado que efectivamente financie el costo de la docencia”.
Luego dijo que el proyecto de ley estaría “mal diseñado” y que si “se aprueba tal como está, hay muchas universidades que deberían salirse de la gratuidad”.
Se refirió también del caso de la Universidad Católica, donde es profesor y manifestó que el déficit que lleva con la legislación actual alcanza los siete mil millones de pesos. Eso sí, recalcó que la Diego Portales sería la más afectada “porque tienen aranceles muy altos, primero, porque no tienen aportes basales, de modo que tienen, necesariamente, que fijar aranceles más altos.” Y a esto le sumó que “si pensamos que la universidad no tiene otras fuentes de recursos alternativas, eso deteriora la calidad académica.”
Otro tema que tocó fue el de la duración del paso de cada estudiante por la universidad, pues según el analista, los cálculos estarían hechos sobre supuestos no reales ya que “el estado financia al estudiante hasta la duración oficial de la carrera(…) , seamos realistas, la duración oficial de la carrera está muy por debajo de la duración promedio”.
Otro posible problema según Williamson sería que “se va a producir una segregación porque van a quedar universidades que van a estar fuera de gratuidad, elitizadas (…) porque se van a concentrar en algunas universidades los estudiantes que pueden pagar los aranceles altos.”
Expresando su molestia, dijo que el 60% al que se le pretende otorgar gratuidad corresponde al más pobre de 30 universidades adscritas a la gratuidad. “¿Y que pasa con los 130.000 estudiantes de los 6 primeros deciles, de universidades no adscritas y de calidad? (…) Se está aumentando la gratuidad para ciertas universidades.”
“La promesa de gratuidad que se está mencionando, no es una promesa verdadera, es una promesa falsa. Entonces, en vez de ampliar la gratuidad para más estudiantes de los deciles pobres, se está ampliando la gratuidad para ciertas universidades, lo que me parece a mí que es inequitativo”.
Para finalizar, el profesor dijo a modo de propuesta:
“Yo, lo que trataría de hacer, que me parece que es el objetivo de la política pública, es ampliar esta gratuidad para todos los estudiantes en universidades acreditadas de calidad. Ese es el primer objetivo, más que seguir avanzando en la gratuidad universal, es seguir avanzando con la gratuidad para los estudiantes más pobres de este país, estén donde estén.”