Asesorías parlamentarias: Las prácticas sospechosas que investiga la fiscalía

Más de 4.000 contratos en un periodo de cinco años sobre asesorías parlamentarias es lo que analiza la Fiscalía Metropolitana Oriente, indagación que está a cargo del fiscal Manuel Guerra.

En un reportaje, La Tercera reveló que mientras se espera el informe de la Policía de Investigaciones, la indagación está enfocada en el rol de los think tanks que tienen casi un cuarto de los más de $ 15.664 millones que la Cámara desembolsó entre 2011 y 2016 para pagar asesorías.

Sobre esto, en Duna En Punto, Francisco Artaza, periodista de Reportajes de La Tercera, explicó que en “el caso del Senado, debido a que son menos, fueron $6.000 millones los que pagaron por asesorías externas durante cinco años”. 

“Los parlamentarios están muy al debe respecto del control y fiscalización (…) cuando se tratan de dineros públicos siempre tiene que haber un un control”, explicó el periodista.

Una de las situaciones que evidencia la falta de fiscalización en este tema es que en enero de 2018, tras los escándalos de “copy y paste” en el Senado,  el Congreso hizo una auditoria y citó a tres senadores y cuatro diputados a quienes se le remitieron a la Comisión de Ética, sin embargo, hasta la fecha no sabemos quiénes son y por cuál monto fueron enviados a esta instancia.

Pese a esto, Artaza aseveró que se está avanzado en la indagación sobre las asesorías parlamentarias y “lo que lleva el fiscal indagado hasta el momento son cuatro prácticas que son sospechosas y que podrían ser situaciones irregulares, que son: informes pagados y no realizados, el papel de los centros de estudios a través de la venta a varios parlamentarios de forma simultánea del mismo informe, los informes de asesorías hechos con ‘copy y paste’ y el pago de encuesta electorales para senadores y diputados pagamos por el Congreso“.

Respecto del rol de centros de estudios, el periodista aseveró que “podríamos estar hablando de financiamiento irregular de la política debido a que están ligados a partidos políticos, como en el caso de Fundación Jaime Guzmán que es de la UDI o el Instituto Igual que es del PS, entre otros. Son $3.900 millones los que han recibido estos centros de estudios“.