El futuro del acuerdo de paz con las FARC: El principal desafío de Iván Duque en Colombia
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Matilde Burgos, Gonzalo Ramírez y Nicolás Vergara analizaron que pasará con el acuerdo con la ex guerrilla colombiana en el nuevo gobierno del sucesor de Juan Manuel Santos.
Con el 100 de las mesas escrutadas y el 54% de los votos, Iván Duque se transformó en el nuevo presidente de Colombia, tras imponerse sobre su oponente Gustavo Petro, quien solo obtuvo el 41,08%.
Uno de los desafíos que tendrá el sucesor de Juan Manuel Santos en Colombia será las modificaciones que tendrá el acuerdo de paz con al guerrilla de las FARC.
“Esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas sean el centro del proceso para garantizar verdad, justicia y reparación”afirmó Duque tras conocer los resultados de la segunda vuelta.
En Duna en Punto Gonzalo Ramírez señaló que las FARC han solicitado la reunión con el abogado de 41 años para saber cuáles serán los cambios a este acuerdo, que llevó a Santos a obtener el Premio Nobel de la Paz el 2016.
Por su parte, Nicolás Vergara indicó que “Colombia tuvo una suerte de sistema de bipartidismo con alguna tímida presencia de una izquierda moderada, algo que ocurre cuando la izquierda está representada por guerrilleros. Aquí la pregunta es qué es lo que pasará con el acuerdo de paz”.
Ante esto, Ramírez señaló que “lo que debería hacer este nuevo gobierno, según sus promesas de campaña, es, si bien, las FARC se reincorporan a la vida política quienes hayan tenido cargos criminales no podrían llegar a cargos relevantes y se les aplicaría la justicia”.
Vergara recordó que uno de las situaciones que llevó a Santos a la impopularidad en Colombia “fue el hecho de acudir al Congreso para que se aprobara este acuerdo con la guerrilla, en contra de la voluntad de los ciudadanos”.
Sin embargo, señaló que “hay quienes sostienen que los acuerdos son desproporcionados y que hay un subsidio hacia la guerrilla y que los guerrilleros podrían capturar la democracia colombiana“.
Por su parte, Matilde Burgos señaló que el país “vivió las elecciones, tanto la primera y segunda vuelta, en total paz se debe a este acuerdo, porque finalmente las FARC no generaban esta amenaza para la gente”.
“El nuevo presidente también va a tener que resolver la negociación con el Ejército de Liberación Nacional” aseguró Burgos.
Los puntos del acuerdo con las FARC en Colombia
- No habrá cárcel para los líderes de las FARC. Bajo el paraguas de la “restricción efectiva de la libertad” se disfraza el punto más polémico. Los responsables de asesinatos de civiles, violaciones de mujeres, secuestro y reclutamiento forzoso de menores, entre otros crímenes, no cumplirán prisión efectiva siempre que reconozcan la verdad en el tribunal.
- ‘Timochenko’ y el resto de comandantes guerrilleros podrán hacer política. Pero pierden privilegios respecto al anterior acuerdo: se reduce el 30% la financiación de su futuro partido político y ya no tendrán derecho a los 16 curules (diputados) transitorias en la cámara de representantes.
- Justicia transicional El punto donde más se han tenido en cuenta las preocupaciones del No. Se establece un límite de tiempo a la Jurisdicción Especial de Paz (funcionará hasta por 10 años y sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros) y se eliminan los jueces extranjeros con capacidad de decisión. “Esto podría abrir una puerta a la impunidad -alerta Andrei Gómez, experto en temas de justicia transicional-, pero la Corte Penal Internacional permanecerá alerta por si hubiera alguna irregularidad grave”.
- Reparaciones a las víctimas Por primera vez se estipula que las FARC tendrán que hacer un “inventario de bienes y activos” que se utilizarán para reparaciones, bajo el riesgo de perder el tratamiento especial de justicia si los guerrilleros esconden sus propiedades (ya sea dinero, tierras, inversiones…). No hay menciones al perdón individual y público: éste sólo será colectivo, como ya se ha hecho en el recuerdo de masacres (Bojayá, La Chinita) o el perdón de ‘Timochenko’ ante la comunidad internacional durante la firma en Cartagena de Indias el pasado 26 de septiembre.
- Narcotráfico Se concretan mayores exigencias: las FARC tendrán que aportar información detallada (rutas de la droga, etc.) y su compromiso a desligarse de los clanes mafiosos en las regiones estratégicas. No se aclara (más allá de que los jueces evaluarán “caso a caso”) si el narco seguirá siendo amparado bajo la ley de amnistía como conexo del delito político.
- Fuerzas del Estado. Los militares y policías no serán juzgados con más severidad que los guerrilleros. “Para las FARC, amnistías; para los miembros de la Fuerza Pública, renuncia a la acción penal”, ha declarado el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
- Cuestión de género. Se aclara que sólo se busca reconocer el dolor sufrido especialmente por las mujeres y otras minorías (indígenas, campesinos, comunidad LGBT) durante el conflicto. Este tema generó una gran polémica atizada por la iglesia evangélica, que movilizó a dos millones de votantes por el No.
- Reforma rural y propiedad privada La propiedad de la tierra es el drama irresuelto en Colombia. Se estipula, para tranquilizar a los terratenientes (ésta era una de las demandas del ‘uribismo’), que “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”. Santos ha insistido en que no se producirá “una caza de brujas” de los empresarios que se hubieran visto obligados a pagar ‘vacunas’ (sobornos), ya fuera a la guerrilla o a los paramilitares.
- Coste del posconflictoSe amplía de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal. La reforma tributaria ha afectado en la popularidad (ya maltrecha) de Santos. La inversión extranjera (a través del plan estadounidense Paz Colombia, el Fondo de la ONU, etc.) jugará un papel fundamental.