Desde abril del año pasado, Rodrigo Vergara, ex presidente del Banco Central y Rodrigo Valdés. exministro de Hacienda, estaban trabajando en algo en conjunto, proyecto que después del estallido social cobró un sentido al poner sobre la mesa los temas económicos de la constitución.
Para eso convocaron a diversos economistas y a una filósofa “de distintas tendencias políticas y ver dónde están los bordes de la discusión. En ningún momento el objetivo fue llegar a consensos, si no que delimitar la discusión y fue interesante porque decidimos 8 temas a tratar. Política fiscal, monetaria, propiedad privada y derechos sociales, entre otros”.
El grupo lo conforman el exvicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro; el actual vicepresidente de Banco Estado e integrante del centro de estudios ligado a Evópoli, Pablo Correa; la experta en educación einvestigadora del CEP, Sylvia Eyzaguirre; la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto; el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez; la economista ligada al Frente Amplio, Claudia Sanhueza, y Luis Eduardo Escobar; además de el presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow, y el investigador del CEP, Lucas Sierra.
El trabajo realizado se transformó en el libro “Aspectos económicos de la Constitución. Alternativas y propuestas para Chile”, que da cuenta de que, como comentó Vergara, “en varios temas se llegaron a acuerdos y donde no los hubo, sí parten de una base común y después se diferencian”.
Vergara también fue claro al decir que “existen varias convergencias en importantes en temas importantes. En temas sociales hubo dos propuestas distintas, pero en el tronco, hay convergencias, como que tienen que existir derechos básicos. La divergencia, está en el tutelaje de cómo se van a garantizar. Puede ser apegado a la ley o apegado a la propia constitución, que fueron las propuestas, aunque ambas ponen la responsabilidad fiscal”.
Lo que sí fue un consenso, es que “lo que no puede pasar, es tener una Constitución demasiado larga. Deben ser principios generales y el resto debe estar en las leyes y las normas”, dijo Vergara, agregando que “no nos pase lo de muchos países de América Latina que hay Constituciones llenas de derechos y que finalmente no se cumplen y pierde credibilidad la propia Constitución”.
Otros de los consensos a los que se llegó, comentó Vergara, es que en temas de gasto, “el instrumento lo tiene que tener el que tiene la responsabilidad, que es el Ejecutivo en Chile. Iniciativa exclusiva que ha sido desafiada este último año por el Congreso. Proponemos que se siga manteniendo, pero que los parmalentrarios cuando presenten un aumento de gasto, el Ejecutivo tiene que tener una respuesta fundada en un plazo de 30 días. Es un mayor rol del Congreso, pero el presidente tiene la última palabra. O patrocina el proyecto o da fundamentación de por qué se rechaza. Esto ocurre en la constitución en España”.
Vergara también comentó que “no hubo discrepancia al derecho a propiedad privada y a las causales de expropiación, que tiene que ser por ley, con pago justo y con la posibilidad de recurrir a tribunales”.
