Libertad condicional para La Manada: Con sensación de impunidad ante el marco de la ley

Tan solo 4 millones 400 mil pesos, (6.000 euros), fue el monto que debieron pagar los cinco miembros de La Manada para obtener la libertad condicional, tras la determinación de dos de los tres magistrados del caso.

Según la resolución del caso, los 500 kilómetros que separan los domicilios de los miembros del grupo con la mujer que violaron en 2016 en la fiesta de San Fermín, son suficientes para “garantizar la tranquilidad y sosiego de la joven” y cabe adoptar otras medidas “menos gravosas que la prolongación de su situación de prisión provisional”.

Tras esto, tres primeros miembros del grupo que fueron liberados, José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, quienes permanecían en la cárcel de Pamplona. Mientras que poco después se liberó a Alfonso Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero de la prisión de Alcalá-Meco.

Sobre la determinación de la justicia española, en Duna en Punto Gonzalo Ramírez señaló que “hay una sentencia que aún no ha sido ejecutada y ellos todavía están esperando condena, lo que dice la ley es que las prisiones preventivas tienen un límite de tiempo y ellos ya lo cumplieron”.

Los miembros de La Manada permanecían detenidos desde el 7 de julio de 2016. El 26 de abril de 2018 fueron condenados a 9 años de pena por abuso sexual, desconociendo la violación de la joven madrileña.

Por su parte, Nicolás Vergara explicó que “el derecho penal moderno establece que el imputado que no es considerado un peligro público puede espera su condena en libertad”. 

Según El País, el tribunal consideró que la pérdida del anonimato de los cinco condenados hace “casi impensable” que vuelvan a delinquir y ha incidido en que no tienen antecedentes por delitos sexuales ni dinero para “procurarse una fuga eficaz”.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la prisión preventiva durará el tiempo imprescindible mientras subsistan los motivos que la justificaron: “Asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso, evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos“.

Respecto del futuro de los miembros de La Manada, luego de que la Audiencia Provincial de Navarra tramite los recursos de la defensa y los querellantes, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Navarra, dispondrá de un plazo aproximado de otros dos meses para resolver dichos recursos y emitir su resolución sobre los hechos probados por la Audiencia Provincial.