De acuerdo a lo establecido en la Ley de inclusión, desde el 2016 se iría eliminando gradualmente el financiamiento compartido hasta llegar a la gratuidad completa en los colegios que adhirieron voluntariamente a dejar de ser subvencionados. Estos recibirían un Aporte por Gratuidad el que iría en aumento contando desde el año pasado, hasta llegar al 2018 con un monto de 28 mil pesos por alumno al año.
A los colegios que ya eran gratuitos el 2016, se sumaron 800 colegios privados, lo que da un total de 6.354 colegios de gratuidad, los mismos a los que la ley de presupuesto, se les congeló el Aporte por Gratuidad.
Como dijo en Hablemos en Off, Cony Stipicic, esto es “una pasada a llevar a la fe pública. Muchos colegios se sumaron a la gratuidad escolar que tenían copago, de manera voluntaria y en sectores vulnerables, la gran mayoría. La ley de presupuesto establece que independiente de lo que diga la ley, se congela el aporte de la gratuidad. Es legal, pero política y públicamente, impresentable. Son 28 mil pesos por alumno al año que no se van a recibir, multiplicado por todos los alumnos, es una debacle para muchos colegios”.
Y agregó:
“Da cuenta de un trasvasije de prioridades que es preocupante. Porque la plata para gratuidad universitaria no se ha recortado. Entonces la prioridad está puesta donde políticamente es más rentable y no donde efectivamente hace falta”.
Matías del Río complementó aclarando que los colegios tenían un plazo para decidir si convertirse o no a la gratuidad y que posterior a eso “el Estado y se hizo el leso. Y el Estado engañó a estos colegios”, y acotó, “alguien tiene que pagar las cuentas. Es una borrachera ideológica, pero es de faenarse un sector que es el del medio, que es el particular subvencionada. Lo irracional es que esto tiene costos y estas familias en noviembre votan y se dan cuenta de que los colegios que habían elegido, se los están minando por todas partes”.
Foto: Radio Universidad de Chile
