Cómo la prohibición de Uber en España puede afectar a otras plataformas como Airbnb

“La determinación que tomó la justicia europea respecto de Uber, particularmente en España, podría tener implicancias en otro tipo de plataformas. Lo que dice la justicia europea es que Uber es un servicio de transporte, no es una plataforma digital, y necesita una licencia y autorizaciones para su servicio entre particulares”, describió Cony Stipicic en Duna en Punto.

Así lo determinó este jueves el abogado general de la Unión Europea y se considera una victoria de los taxistas españoles contra Uber.

“Uber no se beneficia del principio de la libre prestación de servicios que el derecho la Unión garantiza a los servicios de la sociedad de la información”, dice el abogado. “Además, dejar que la empresa norteamericana opere con total libertad mientras el sector del taxi sigue estando regulado, crea una inseguridad jurídica que deja una zona gris e incita a infringir la ley”, continúa el texto.

Lo que dice el dictamen se refiere más al servicio entre particulares de la compañía, el Uber Pop, que en España está prohibido desde 2014. Uber opera en España solamente con licencia con vehículos con chofer.

Y aunque esta sentencia aún no es definitiva, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo normalmente, en el 80%, de los casos suele seguir las recomendaciones de los abogados. En los próximos meses se conocerá el final de esta batalla legal entre Uber y la Asociación de Profesional Elite Taxis de Barcelona, donde los taxistas que reclaman que se prohiba a Uber por ser un caso de competencia desleal.

¿Qué puede suceder con plataformas como Airbnb?

Abogados y la propia Comisión Europea aseguran que, pese a no representar un precedente ‘per se’, sí podrá aplicarse a otros operadores u otras líneas de negocio. Eso sí, deberá analizarse caso por caso.

La duda radica en si puede tener influencia en el caso de su servicio prestado con licencias de vehículos con chófer (VTC), como el que tiene activo en Madrid desde el pasado año. En principio, desde la empresa se descarta. Pero la realidad es que el abogado general de la UE no ha entrado en discernir sobre el negocio de las VTC. Hoy por hoy, la compañía está operando como una plataforma digital que lleva a cabo una intermediación entre oferta y demanda. Pero su gran competidor en el país, Cabify, ejerce como una agencia de viajes que distribuye servicios entre profesionales. Queda la duda de si este dictamen que habla de una relación de empresa de transporte y cliente puede acarrear en el futuro cambios en la actividad de la compañía. Desde la tecnológica lo descartan: “No hay cambios en la operativa”.

Otra de las derivadas del dictamen hay que encontrarla en el resto de plataformas digitales que pone de acuerdo a oferta y demanda en sectores regulados como el de los alojamientos. Y en este terreno, Airbnb es uno de ellos. En Airbnb, el servicio subyacente, el del alojamiento, se produce entre propietario de la vivienda y quien paga el alquiler.

Desde la empresa, y otros competidores del sector de alojamientos turísticos, no han querido mostrar su posición oficial sobre el dictamen. Desde hace tiempo han defendido su actuación como un mero intermediario que pone en contacto oferta y demanda y que no lleva a cabo ninguna intervención dentro del proceso.

Al margen de las consecuencias en otras plataformas, el dictamen de la justicia europea desautoriza la estrategia de Bruselas para impulsar la economía colaborativa. La Comisión había lanzado una cruzada contra países como Alemania, Francia o España por lo que consideraba restricciones injustificadas a nuevos servicios como Uber o Airbnb. Su prioridad era facilitar la innovación en el sector y reducir al mínimo las cargas burocráticas y regulatorias.

La prohibición del servicio, como hizo España con Uberpop en diciembre de 2014, debía ser siempre el “último recurso”, según la doctrina del Ejecutivo comunitario. La clave para Bruselas está en el impacto económico de los nuevos servicios y sobre todo su enorme potencial de crecimiento. Los ingresos generados en la UE por plataformas colaborativas alcanzaron ya los 28.000 millones de euros en 2015.

Foto: El Confidencial