El 17 de febrero de 2015, el Ministerio Público abrió una investigación penal contra todos quienes resultasen responsables de los presuntos delitos de tráfico de influencia y negociación incompatible en la venta y compra de terrenos de la empresa Caval -de propiedad de Mauricio Valero y Natalia Compagnon- en Machalí, por $ 6.500 millones, tras recibir un préstamo del Banco de Chile.
Sin embargo, el 10 de abril, los abogados Mario Zumelzu y Carolina Contreras se querellaron en la causa por el eventual ilícito de cohecho contra Sebastián Dávalos (hijo de la Presidenta y ex ejecutivo de Caval), Natalia Compagnon, Mauricio Valero y los ex funcionarios de la Municipalidad de Machalí Wilfredo Valdés , Jorge Silva Menares y Cynthia Ross.
La investigación avanzó, con la toma de declaraciones e incluso se formalizó. Sin embargo, el 22 de septiembre los intervinientes del caso recibieron una sorpresiva notificación: el juez de Garantía de Rancagua, Ricardo Libretti, decretó el sobreseimiento total y definitivo de la causa, donde Dávalos, Compagnon, Valero, Ross, Valdés y Silva Menares aparecían como querellados.
Según se consigna en la resolución, “habiendo transcurrido un término superior a 30 días por la querellante, sin diligencias útiles para dar curso al proceso de su parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 402 del Código Procesal Penal, se decreta el sobreseimiento total y definitivo de la causa”.
Ocho días después de la resolución, la abogada querellante Carolina Contreras solicitó al tribunal que rectificara la resolución, pues argumentó que “esta norma antes indicada (cierre por no solicitar diligencias) se refiere a delitos de acción privada y la causa denominada Caval es un delito de acción pública”.
Sin embargo, el tribunal, el 30 de septiembre, se desentendió de la resolución de sobreseimiento, argumentando que “en la presente causa no se registra resolución con fecha 21 de septiembre de 2016”.
La explicación no dejó conforme a las defensas, ni de Dávalos, ni de Compagnon, quienes se dirigieron al tribunal el 6 de octubre, a través de sus abogados, para que la resolución que recibieron fuera ejecutoriada.
El martes, el tribunal volvió a notificar a los intervinientes.
“Habiéndose cumplido ordenada en autos y apareciendo de los antecedentes que por un defecto de diseño de sistema computacional de notificación a los intervinientes un proyecto de resolución antes de que se concluyera su tramitación con firma digital, proveyendo las presentaciones de los apoderados de Sebastián Dávalos Bachelet y Natalia Compagnon Soto, no ha lugar la resolución en que sustentan su pretensión” de mantener el sobreseimiento.
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