Contraloría: hubo traspaso de información privilegiada a Caval
Dos funcionarios de la Municipalidad de Machalí habrían filtrado información sobre el cambio de uso de suelo en los predios que compró la empresa de la nuera de la Presidenta Bachelet.
La Contraloría General de la República concluyó que Caval, la empresa de Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta de la República, y de su socio Mauricio Valero, sí recibió información privilegiada desde la Municipalidad de Machalí sobre el posible cambio de uso de suelo de los tres predios por 44 hectáreas que compraron por $6.500 millones en esa comuna, y que luego vendieron en $9.500 millones.
Luego de una auditoría, el ente fiscalizador realizó cinco observaciones al municipio, por lo que el contralor Jorge Bermúdez ordenó abrir un sumario administrativo en la entidad y enviar al Ministerio Público el informe final que contiene antecedentes “que dan cuenta de irregularidades que eventualmente podrían constituir caracteres de delito”.
Según publica El Mercurio, la información privilegiada provino del ex director de Obras del municipio, Jorge Silva Menares, formalizado por la fiscalía por el delito de cohecho por 19 pagos que supuestamente recibió del gestor inmobiliario Juan Díaz por $55 millones presuntamente pagados a él y a su esposa.
Según la Contraloría, Silva envió un correo electrónico al socio de Caval, Mauricio Valero, informando los pasos que adoptaría el municipio para aumentar la densidad de habitantes, en algún terreno que no se especifica.
La otra entrega de antecedentes, de acuerdo con el ente fiscalizador, fue remitida por Cynthia Ross, arquitecta contratada a honorarios en la Dirección de Obras de Machalí y que está también formalizada por cohecho, por 15 pagos que Díaz supuestente le hizo por $61 millones.
En su caso, se constató que el 27 de noviembre de 2013 despachó un mail a Valero sobre el estado del “Estudio de Capacidad Vial de la Modificación al Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, sector Cruce Los Nogales de Machalí”, el que sería presentado a la Seremi de Vivienda y Urbanismo.
A juicio de la Contraloría, “estos funcionarios transgredieron el artículo 8 de la Constitución, inciso primero, que se refiere a la probidad; el 52, inciso segundo, sobre conducta intachable, y el artículo 62 N°1, de usar en beneficio propio o terceros la información reservada o privilegiada”.
Foto: Agencia Uno
