Tras una sesión de ocho horas, este miércoles los tres jueces integrantes del Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4) de Porto Alegre, ratificaron la condena a prisión contra Lula da Silva.
El ex presidente de Brasil ya había sido hallado culpable en julio por el juez Sérgio Moro- cabeza visible de las investigaciones sobre la corrupción en Brasil- por los delitos de corrupción y lavado de dinero.
La segunda instancia judicial confirmó que Lula fue beneficiario de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá, ofrendado por la constructora OAS a cambio de contratos en la estatal Petrobras.
Además, según consignó El País, por unanimidad los magistrados decidieron endurecer la pena de nueve a doce años de prisión.
La defensa de Lula había solicitado “la nulidad del proceso y la nulidad de la sentencia”, aduciendo falta de pruebas, lo que fue desestimado por el tribunal.
De hecho, el juez Gebran Neto argumentó que el hecho de que no exista un título de propiedad del apartamento tríplex de Guarujá se debe precisamente a la intención del ex mandatario de ocultar el verdadero destinatario del inmueble.
Por ahora Lula no irá a prisión ya que aún puede apelar a instancias superiores del Poder Judicial de Brasil. Sin embargo, si no existe un fallo antes del 15 de agosto, quedaría impedido de presentarse como candidato presidencial.
El antiguo dirigente social es el favorito en todas las encuestas para las elecciones de octubre y es la única carta visible para el Partido de los Trabajadores.
El caso de Lula se inscribe en la Operación Lava Jato, que desde 2014 ha puesto al descubierto una vasta red de sobornos pagados por constructoras a políticos de todas las tendencias para obtener contratos en Petrobras.