Diversas organizaciones de Derechos Humanos han criticado la decisión del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, de otorgar el pasado domingo el indulto humanitario a Alberto Fujimori de 79 años.
El ex mandatario fue condenado a 25 años de prisión por la autoría mediata de la matanza de 25 personas en 1991 y 1992 perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
“La concesión de indultos es una prerrogativa que exige un análisis riguroso en cada caso, considerando la gravedad de los hechos en el marco de un proceso transparente e inclusivo, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos”, aseguró en un comunicado el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra.
“Las decisiones de las autoridades deben respetar siempre la obligación del Estado de investigar, procesar y sancionar las violaciones de derechos humanos, evitando cualquier situación que pueda llevar a la impunidad”, agregó Incalcaterra.
El representante de ACNUDH destacó que la sentencia contra Fujimori “marcó un hito histórico para Perú y la región de América Latina en materia de lucha contra la impunidad por graves crímenes de derechos humanos”.
Además, recordó la visita a Perú en octubre de la más alta autoridad de las Naciones Unidas en la materia, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
En dicha instancia Zeid recalcó a las autoridades peruanas que, por su gravedad, los crímenes cometidos por Fujimori “son del interés de la comunidad internacional en su conjunto”, por lo que “la comunidad internacional debe ser involucrada en este tema tan importante”.
“En todo proceso social hacia la reconciliación, el reconocimiento de las víctimas y sus familiares es un elemento central. No poner la situación de las víctimas al centro de estas decisiones desvirtúa el camino avanzado por el Estado peruano en materia de verdad, justicia, memoria y reparación”, expresó.
Por su parte el director para la Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo esta mañana en T13 Radio que “el prestigio y la reputación del gobierno peruano pierde muchos punto tanto al interior de Perú como a nivel internacional”.
HRW ya había advertido en julio pasado que Perú no debía brindar un trato especial a Fujimori.
“Cualquier indulto u otro tipo de liberación de Fujimori por motivos políticos sería un golpe duro a las víctimas de atrocidades en Perú y un serio retroceso para el estado de derecho en el país”, había asegurado Vivanco.
“Si hay motivos legítimos de salud o humanitarios para que Fujimori obtenga libertad anticipada, esa opción podría considerarse, pero únicamente empleando los mismos estándares y procedimientos que se aplican a todas las demás personas que cumplen penas de prisión en Perú”.
En este contexto, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) peruano, Carlos Rivera, anunció que presentarán un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para anular el indulto humanitario que favorece a Fujimori.
“Lo que hemos decidido es informar a la Corte IDH sobre esta situación y seguramente, este tribunal le solicitará al Estado peruano un informe para que dé una explicación sobre las razones legales que sustentan la resolución”, comentó Rivera a los medios peruanos.
El abogado además agregó que “ese es un asunto que no sólo contradice los mandatos de la justicia interna sino también de la internacional. Barrios Altos y La Cantuta en el 2001 y 2006 han merecido sentencias de la Corte IDH. El hecho de que se rompa ese tipo de imposiciones hace que sea un indulto ilegal, a pesar de haber sido calificado como un indulto humanitario”.
