El medio EL PAÍS tuvo acceso a documentación confidencial que políticos, altos cargos de la Administración, funcionarios, abogados y testaferros de toda Latinoamérica presentaron a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para abrir sus cuentas secretas.
Según las indagaciones a cargo de la juez Canòlic Mingorance, la empresa pagó 200 millones de dólares en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la BPA.
En marzo el Gobierno de Andorra intervino la BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había denunciado que esta institución financiera acogía fondos de tramas criminales. Finalmente, el año pasado, Andorra cedió ante la presión internacional y renunció al secreto bancario.
El gigante brasilero de la construcción, que ha protagonizado el mayor escándalo de sobornos en América, transfirió estos depósitos millonarios a altos cargos de la Administración, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina, quienes abrieron cuentas secretas en la BPA para este propósito. La empresa enmascaró este ilícito como servicios, los cuales nunca prestó.
La constructora reconoció a la Justicia de Brasil que costeó campañas electorales de presidentes y candidatos de América. También que pagó sobornos por al menos 788 millones de dólares.
Posteriormente, los candidatos favorecidos ejecutaban un plan de obras públicas multimillonario.
La Policía de Andorra elaboró un informe que recoge 145 clientes y sociedades que abrieron cuentas en la BPA por iniciativa de Odebrecht e investiga a decenas de personas y compañías que mantuvieron una operativa bancaria conectada a la empresa.
Se trata de clientes que recibieron y emitieron traspasos internos directos a las principales cuentas bajo sospecha. Los investigadores intentan determinar ahora si estos también son parte de esta alambicada red de compra de voluntades.
Odebrecht utilizó las sociedades off shore Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar los sobornos a políticos y funcionarios. Además, gestores de la BPA constituyeron sociedades en Panamá para esconder a los titulares reales de las cuentas bancarias. Solamente a través de Klienfeld, una firma constituida en el paraíso fiscal de Antigua Barbuda, se abonaron pagos sospechosos por más de 200 millones de dólares.
A pesar de que los empleados del Departamento de Complimiento de la BPA alertaron del alto riesgo de los PEP (personas políticamente expuestas) presentados por Odebrecht, las cuentas fueron abiertas.
Lee aquí la investigación completa del diario EL PAÌS
