La medida, que es una modificación a la Ley de Sociedades de Capital y establece establece que “el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional”.
Con este decreto, se prevee que pueda acelerarse el traslado de empresas desde Cataluña a otras partes de España. Como da cuenta Huffington Post en su edición española, “desde el miércoles, son siete las empresas que han ejecutado un cambio de domicilio. En cifras del presidente de la asociación de Empresaris de Catalunya, desde el inicio del procès más de 2.500 empresas han dejado la región“.
