Oposición venezolana convoca 48 horas de paro cívico y Maduro amenaza con apresar a los jueces de la Asamblea Nacional
Como medida de presión para que el mandatario desista de la convocatoria a la Asamblea Constituyente el MUD llamó a endurecer las protestas. En paralelo el oficialismo anunció el arresto de los magistrados y el congelamiento de sus bienes y cuentas.
El domingo miles de caraqueños se lanzaron a los supermecados para abastecerse como medida de preparación para lo que viene esta semana. La coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anunció su última ofensiva para detener a Nicolás Maduro de llevar a cabo la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio: un nuevo paro cívico.
Este miércoles y jueves Venezuela estará nuevamente paralizada. Es la previa de la gran marcha prevista para el viernes. Desde la oposición anunciaron que, si a pesar de las presiones y los insistentes llamados del pueblo el jefe de Estado no da su brazo a torcer, entonces aumentarán aún más las redadas el sábado.
Finalmente el domingo, en el día D, el MUD llamó a un boicot electoral. Los opositores de Maduro están dispuestos a todo por evitar la Constituyente que, a su juicio, institucionalizará una dictadura. Esto a pesar de las amenazas públicas de los militares del Plan República.
“Esta semana es decisiva, la decisión de vivir en libertad tiene que convertirse en acciones. Que les quede claro a Maduro y a las Fuerzas Armadas que no vamos a permitir que se imponga un fraude constituyente en contra del pueblo”, declaró Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, en representación de su junta directiva.
Por su lado Nicolás Maduro, indignado por los movimientos de la oposición y ya furioso con el “paro cívico” de la semana pasada, anunció el arresto de una decena de jueces y magistrados designados el viernes por el Parlamento, controlado por el MUD.
“Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás del otro. Y se les va a congelar los bienes, las cuentas y todo“, amenazó Maduro en su programa de televisión semanal.
La Asamblea Nacional nombró a 13 magistrados titulares y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya que consideran que la designación hecha a fines de 2015 por el Congreso, dominado en ese entonces por el oficialismo, fue un proceso “viciado y apresurado”.
Sin embargo, el mismo viernes el TSJ declaró nulas las designaciones y acusó “usurpación de funciones” por parte de los jueces nombrados.
El sábado el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) arrestó, sin orden de detención, al magistrado Ángel Zarpa, quien además es abogado de la “fiscal rebelde”, Luisa Ortega.
Hasta ayer en la noche su paradero era desconocido. La oposición acusó al gobierno de “desaparición forzada” y calificó el apresamiento del profesional como terrorismo de Estado.
Zarpa se encuentra en Helicoide, sede del Sebin. En los mismos calabozos se encuentran 19 presos políticos con cartas de libertad emitidas por los jueces. En sus mazmorras también se encuentra encadenado el diputado regional Wilmer Azuaje, pese a que el mismo TSJ decretó el arresto domiciliario para él.
La diferencia entre los jueces designados por la oposición y los oficialistas saltan a la luz por la superioridad intelectual, de estudios y de experiencia de los primeros. Según consignó La Nación, los nuevos magistrados suman 70 maestrías y doctorados frente a siete de los oficialistas; 68 especializaciones contra 15; 12 trilingües y 10 bilingües frente a ninguno de los chavistas; 384 años de docencia universitaria frente a 25; 73 libros publicados frente a tres y 5000 horas de juicio cuando sus antagonistas sólo acumulaban 1700 en sus fojas de servicios.
