Tanto Estados Unidos como Europa rechazaron la decisión del régimen de Nicolás Maduro de continuar con el proceso de la Asamblea Constituyente luego de que más de 7,5 millones de personas se manifestaran, a través de un plebiscito, en contra de la medida.
El oficialismo desestimó los resultados, declarando que los organizadores del evento inventaron cinco millones de votos.
El Gobierno anunció que la Asamble Constituyente sigue en pie para el 30 de julio y que el resto de la campaña se enfocará en dar a conocer a los candidatos.
Cancilleres europeos no descartan la posibilidad de sancionar a dirigentes venezolanos. La canciller europea, Federica Mogherini, hizo un llamado a Nicolás Maduro para que se detenga.
“Creemos que sería útil que el gobierno busque gestos políticos para rebajar la tensión, cree mejores condiciones para reanudar el trabajo hacia una solución pacífica y suspenda el proceso para hacer una Asamblea Constituyente (…) obviamente siempre están todas las opciones sobre la mesa para su consideración política”, dijo Mogherini en referencia a aprobar sanciones contra Venezuela.
Si bien en el pasado el Parlamento Europeo ya había solicitado a la Unión Europea endurecer su política hacia el país latinoamericano, es la primera vez que los cancilleres amenazan con sanciones.
Mogherini llamó a Maduro a utilizar el tiempo que queda hasta el 30 de julio “en buscar la unidad del país y evitar otras escaladas”. Según la visión europea, buena parte de Venezuela no apoya la Asamblea Constituyente y creen que su convocatoria aumentará “el riesgo de polarizar más el país y generar más confrontación”.
Desde Estados Unidos, Donald Trump amenazó con “fuertes y prontas” sanciones económicas contra Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro prosigue con sus planes.
“Estados Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fuertes y prontas acciones económicas”, anunció el jefe de Estado en un comunicado.
En el caso de Argentina, la cancillería emitió un comunicado en la misma línea que la UE, informando que esperaba que los resultados del domingo lleve a Maduro a “desistir de la convocatoria a la Asamblea Constituyente”, aunque no amenazó con futuros castigos.
Según consignó Clarín, el Mercosur debatirá en Mendoza, durante el encuentro que sostendrá entre el jueves y el viernes, la aplicación completa de la “cláusula democrática” a Venezuela.
Por su parte el ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, “exhortó a las autoridades venezolanas a cancelar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente cuyas reglas violan el derecho al sufragio universal y el propio principio de la soberanía popular”.
El texto exige con urgencia: que se renueven las competencias de la Asamblea Nacional suspendidas en marzo, el usufructo pleno de las libertades públicas, y la liberación de todos los presos políticos en el país.
Colombia y Chile denuncian a Nicolás Maduro ante el Tribunal de la Haya
Esta jornada un centenar de congresistas colombianos y chilenos presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en la Haya una denuncia contra Nicolás Maduro.
Basándose en informes de organismos internacionales, como algunas agencias de Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estudios de ONG e información oficial, los congresistas acusan al líder venezolano de haber sido “partícipe de graves violaciones al derecho internacional” a partir de 2008, cuando ocupaba el cargo de ministro de Exteriores. Además le atribuyen “la comisión de crímenes de derecho internacional” desde que fue elegido presidente en 2013.
La iniciativa, impulsada por el colombiano de Centro Democrático Iván Duque, ha sido apoyada por autoridades de distintos colores políticos.
En Chile fue el ex candidato Felipe Kast quien promovió la denuncia a Venezuela, respaldado por ocho partidos, “desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el centro, con excepción del Partido Comunista y el Socialista”, informó.
El objetivo de la denuncia es que la Fiscalía de La Haya abra, como primera medida, una observación en Venezuela, país que firmó el Estatuto de Roma en 1998 y por tanto debería aceptar la jurisdicción de la CPI.
El documento contempla ocho acusaciones, entre ellos “asesinato por instigación directa e indirecta”. “Entre los años 2013 y 2017, se ha dado muerte en Venezuela a personas que se manifestaron en situaciones concretas, o mediante el ejercicio de sus derechos humanos, en contra de políticas, medidas u omisiones imputables al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, señala el texto analizado por El País.
También lo denuncian por “imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”. Un delito que califican como “exterminio” y que entienden “estrechamente relacionado con el genocidio, ya que ambos se dirigen contra un gran número de personas”.
Además aseguran que Maduro es responsable de la “deportación o traslado forzoso de población”, algo que achacan al “uso de la fuerza física o a través de amenazas”. El texto de 56 páginas además acusa encarcelación de opositores; tortura; “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia”, en referencia a los críticos con el chavismo; “desaparición forzada de personas” e incluso “el crimen de apartheid”, es decir, “actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión”.
