Es la peor crisis política que ha enfrentado Brasil en años. Luiz Ignacio Lula da Silva, quien gobernó el país entre 2003 y 2010, fue condenado la semana pasada a 9 años y medio de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva.
Su sucesora Dilma Rousseff se enfrentó a un impeachment tras el que fue removida de su cargo por los diputados en agosto de 2016 ya que fue acusada de enmascarar presupuestos con fines electorales.
Y el actual mandatario, Michel Temer, tiene el agua hasta el cuello con todas las causas que se le investigan. Tras un año en el cargo se enfrenta a una Cámara que debate si retirarle el aforamiento para que el Tribunal Supremo Federal, al igual que a Lula, le juzgue por corrupción pasiva.
Temer es acusado de haber recibido un soborno de 500.000 reales brasileños (140.000 euros). Si el 2 de agosto el Parlamento brasileño decide retirar su aforamiento, asumirá en su lugar de forma provisional Rodrigo Maia, actual Presidente del Parlamento que también está bajo investigación por haber recibido un soborno de 950.000 reales (260.000 euros).
Al mismo tiempo un tercio de los diputados y senadores están siendo indagados por corrupción, lo que es transversal tanto para partidos de derecha como de izquierda.
A pesar de todo, los ciudadanos no salen a reclamar a la calle. Según Renan Quinalha, abogado y sociólogo, el problema es justamente la falta de una demanda concreta.
“En la sociedad brasileña hay mucho cansancio y también deslegitimación de la clase política. Piensan que todos los políticos son iguales y que no vale la pena manifestarse, que lo que ocurre en el parlamento, no tiene que ver con su vida”, explica el experto a El Español.
Brasil está a la expectativa de que el Parlamento en pleno confirme ese dictamen y salve a su Presidente de sentarse en el banquillo. En paralelo, el Fiscal General del Estado, Rodrigo Janot, prepara otra denuncia contra él, la de obstrucción a la justicia.
En mayo se filtró una grabación de una conversación entre el empresario Joesley Batista y Michel Temer. El primero le informaba al mandatario que estaba enviando dinero al ex líder del Parlamento, Eduardo Cunha, actualmente en prisión acusado de corrupción, para supuestamente comprar su silencio.
En esa instancia el presidente de Brasil no detuvo ni denunció esos pagos destinados a su compañero de partido.
Cunha aún permanece en silencio, aunque se cree que podría estar negociando una declaración si el juez le concede alguna rebaja en su pena. La fórmula de “declaración premiada” ha sido acogida por numerosos políticos y empresarios corruptos. Gracias a esto han salido a la luz escándalos de delincuencia política que permanecían ocultos hasta ahora. Pero, al mismo tiempo, la ciudadanía queda con la sensación que los formalizados obtienen impunidad luego de confesar.
En el caso de Lula da Silva se está a la espera de que se confirme su condena en segunda instancia, lo que podría tomar 10 meses. Si se rectifica su sentencia no podrá presentarse a las elecciones de 2018.
Sin embargo, Lula da Silva parece ser el único candidato fuerte en la opinión pública que lidera la intención de voto en las encuestas.
En segundo lugar aparece el competidor de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien en varias ocasiones ha defendido la dictadura militar de entre 1964 y 1985.
El pasado domingo centenares de personas se manifestaron en la playa Copacabana de Río de Janeiro exigiendo una intervención militar. No fue un movimiento significativo, pero su presencia simboliza la falta de confianza actual de los brasileros en la clase política.
