Leopoldo López: Uno libre, faltan 431 presos políticos más

Este lunes Venezuela cumple 100 días de protestas callejeras en contra de Nicolás Maduro. El centenar se cumple a exportas de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente programada para el 30 de julio.

En el marco del inicio de la campaña electoral y la liberación el fin de semana del preso político Leopoldo López, la oposición llamó a una concentración en el este de Caracas que convocó a menos manifestantes de lo esperado.

Esta fue la primera protesta desde que al fundador de Voluntad Popular se le otorgó la “medida humanitaria”, que le permite cumplir su condena desde su hogar por problemas de salud. La redada se llevó a cabo en el mismo lugar donde López se entregó a las autoridades en febrero de 2014.

Según consignó ABC Intenacional, funcionarios del Gobierno informaron que la medida fue lograda gracias a un proceso de diálogo, sin embargo la esposa de López, Lilian Tintori,  aseguró hoy desde la manifestación que no hubo negociación alguna y que la liberación de su marido fue tomada unilateralmente por las autoridades.

Tintori informó que López llegó a su hogar la madrugada del sábado acompañado de la excanciller Delcy Rodríguez y el alcalde chavista Jorge Rodríguez, y agradeció al ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, mediador entre la oposición y el Gobierno por la liberación de su esposo.

Las motivaciones del Gobierno para la liberación del activista son hasta ahora una incógnita. Ni el alto tribunal ni los responsables de la custodia de López han explicado cuáles fueron las motivaciones para esta “medida humanitaria”.

La liberación de Leopoldo López es un tremendo triunfo para quienes luchan por los derechos de los presos políticos en Venezuela. Sin embargo, según la ONG Foro Penal, aún quedan 431 personas retenidas por el Gobierno de Maduro.

Entre los disidentes detenidos, hay policías, profesores, militares, empresarios, amas de casa, políticos y muchos estudiantes. En algunos casos los tribunales han emanado órdenes de liberación, pero el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), nombre de la policía política, se niega a soltarlos. Son, literalmente, rehenes del Estado.

Los familiares de los detenidos han denunciado que los presos políticos se han convertido en una pequeña industria de corrupción. Padres de los jóvenes han denunciado que tienen que pagar por debajo de la mesa a sus carceleros para poder ver a sus hijos o para hacerles llegar algo de comida.

Desde que iniciaron las protestas hace cien días, el Ministerio Público ha contabilizado 88 muertos por enfrentamientos con las fuerzas del Gobierno.

Por su parte el Foro Penal ha denunciado que 415 civiles han sido presentados ante tribunales militares. 245 de ellos permanecen privados de libertad.

Los procesos están llenos de irregularidades. Por ejemplo, la propia fiscal general, Luisa Ortega, imputó al mayor general Antonio Benavides Torres, ex comandante de la Guardia Nacional, y al general en jefe Gustavo González López, director del Sebin, por la violación de los derechos humanos durante las redadas.

En respuesta el Gobierno otorgó sendas condecoraciones y ascensos militares a favor de los funcionarios señalados.