La Procuraduría General de la República denunció anoche al presidente de la República, Michel Temer, por corrupción en el marco del escándalo de sobornos del frigorífico JBS. Es primera vez que la fiscalía denuncia a un presidente y dicha acción judicial podría terminar con su destitución.
“Valiéndose de su condición de jefe del Poder Ejecutivo y líder político nacional, recibió para sí y por intermedio de (su ex asesor y diputado) Rodrigo Rocha Loures, una ventaja indebida de 500.000 reales (US$ 150.000) ofertada por Joesley Batista, presidente de JBS”, indicó el procurador, Rodrigo Janot, en el documento presentado al Supremo Tribunal Federal (STF).
Los presuntos delitos que llevaron a investigar a Temer eran intento de obstrucción a la Justicia, corrupción pasiva y asociación ilícita, y las pruebas que lo sometieron al escrutinio del parlamento surgen del acuerdo de delación premiada que firmaron los hermanos Joesley y Wesley Batista (dueños del frigorífico JBS), investigados durante la operación anti corrupción Lava Jato.
Joesley Batista habría entregado una grabación clandestina que contenía una conversación entre el presidente de JBS y Temer donde el segundo accedía al pago de sobornos por parte de Batista hacia el oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y además la compra del silencio de Eduardo Cunha, el condenado ex titular de la Cámara de Diputados, potencial delator de la operación Lava Jato. Cunha fue el principal impulsor de la destitución de Dilma Rousseff, permitiendo así que Temer accediera al poder.
Batista reveló también que JBS entregaba dineros de forma ilegal y regularmente al diputado y consejero presidencial Rocha Loures para financiar al PMDB. A penas ayer, la Policía Federal de Brasil concluyó que las grabaciones no habrían sido manipuladas.
Ahora, después de analizarse la denuncia por la comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia, debe ser aprobada por dos tercios de la Cámara de Diputados (342 de un total de 513) para destituir a Temer por 180 días y que lo juzgue el STF.
Según el ejecutivo, el mandatario tendrá un apoyo suficiente en el Congreso para no ser juzgado, pero eso sólo se sabrá en la votación misma, pues el reducido 7% de aprobación que tiene el actual presidente deja pensar que las resoluciones de los legisladores serán independientes.
El miedo más grande de Temer es que su aliado, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), decida no apoyarlo. Este partido se encuentra dividido y su ex presidente Fernando Henrique Cardoso ha vuelto a pedir la renuncia de Temer:
“Apelo al presidente para que medite sobre la oportunidad de un gesto de grandeza, con el cual ganará la anuencia de la sociedad para conducir una reforma política y comandar nuevas elecciones”.
Quien deberá hacerse cargo del ejecutivo en caso de destituirse a Temer, será el titular de Diputados, Rodrigo Maia, miembro del partido Demócratas (DEM), también aliado del PMDB. Y si es que la corte declara culpable a Temer, Maia tendrá un plazo de 30 días para llamar a diputados y senadores a escoger un presidente de manera indirecta para que comande el gobierno brasilero hasta diciembre de 2018.
Ante todo esto, Temer sigue firme y no quiere dejar su cargo, pues se considera la única opción para la “superación” de Brasil:
“Brasil está en sus carriles, en el camino de la responsabilidad y en la ruta de la superación. Nuestra agenda de modernización es la más ambiciosa en mucho tiempo; ha sido implementada con disciplina, tenacidad, con sentido de misión. No hay plan B, hay que seguir adelante. Nada nos destruirá, ni a mí ni a nuestros ministros”.
