Este martes se reanudará el juicio llevado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) que estudia el caso de financiamiento ilegal de campañas de la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer, de 2014, que podría anular el mandato de Temer, dado las revelaciones que se dieron de sobornos por parte del frigorífico JBS.
El juicio debía realizarse en abril pero fue aplazado por pedido de los abogados de Rousseff con objeto de incorporar nuevos testigos, entre ellos João Santana, ex estratega del Partido de los Trabajadores (PT). Eso sí, el tiro les salió por la culata, pues Santana firmó el acuerdo de delación premiada donde confirmó las declaraciones de Marcelo Odebrecht, quien habría declarado que su compañía había realizado aportes no declarados al PT.
El Poder Judicial se ha hecho presente en Brasil dado que ha ido cambiando la generación de jueces y fiscales. Por ejemplo el magistrado Sergio Moro y el equipo de fiscales Lava Jato, altamente preparados técnicamente en investigaciones financieras y lavado de dinero. Además la legislación se ha renovado y ha otorgado mayor independencia al Ministerio Público, dándole también herramientas como la delación premiada.
“Estamos viviendo una enorme transformación en la justicia, una suerte de revolución. En Brasil siempre se pensó que el Poder Judicial era incapaz de tocar a poderosos políticos y empresarios; eso está cambiando”, manifestó al diario La Nación el abogado Marlon Reis, del Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral (MCCE).
Sin embargo, no todos están de acuerdo con que las modernizaciones del sistema judicial sean positivas en sí mismas. Sergio Praça, profesor de Ciencias Políticas de la Fundación Getúlio Vargas, señaló que “no se puede judicializar toda crisis. Los escándalos que hemos atravesado vuelven cada vez más urgente una reforma política que sea impulsada por todos los partidos”.
El TSE brasilero ha revocado mandatos de alcaldes y gobernadores, pero nunca de un presidente. Ahora podría darse por primera vez, aunque siempre existe la posibilidad de que maniobras legales hagan postergar el juicio nuevamente.
José Robalinho, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de la República, declaró que “lo que se está haciendo es repensar la república desde el Poder Judicial; cómo se financian las campañas, la forma en que se sellan contratos con el Estado; la relación entre el Estado y el sector privado”.
Claves en este asunto serán las elecciones de 2018. Con tantos ejecutivos de las empresas donantes en la cárcel, difícilmente se reproducirá el mismo escenario que se dio en 2014.
