El pasado miércoles, la cámara alta de Brasil aceptó un proyecto de enmienda constitucional que pretende despojar de los privilegios otorgados por el fuero a los políticos que ejerzan cargos públicos, en caso de que cometan delitos comunes, como robo, lavado de dinero o corrupción. Eso sí, aún queda que la propuesta pase por la cámara de diputados, donde deberá someterse a dos votaciones para ser definitivamente aprobada, ya que plantea cambios constitucionales.
El proyecto afecta directamente a los ministros de Gobierno, al fiscal general del Estado, legisladores nacionales y regionales, gobernadores, magistrados de tribunales, jueces federales y comandantes militares, entre otros. En todo caso, queda excluido el Presidente de la República, los de ambas cámaras y el de la Corte Suprema, que seguirán siendo juzgados por este último organismo en primera instancia.
Alvaro Dias, senador del Partido Verde y autor del proyecto, tildó a los fueros como “institutos de impunidad” y dijo que con este proyecto se pretende adecuar a la línea que marca la Constitución, que dice que “todos somos iguales ante la ley”.
La propuesta adquirió relevancia dado que actualmente hay abiertas 76 investigaciones en contra de alrededor de 100 políticos ordenadas por el tribunal Supremo en el marco del caso Petrobras, que involucró a Michel Temer, Presidente de la nación, que es investigado por supuestos delitos de obstrucción a la justicia, corrupción pasiva y asociación ilícita.
Los juicios de la Corte Suprema hacia los políticos se han caracterizado, en Brasil, por su lentitud y alto nivel de burocracia. Tienen una duración promedio de cinco años, lo que en muchos casos causa la prescripción de los delitos, quedando impune la persona juzgada. Un estudio reciente de la Fundación Getulio Vargas revela que, entre 2011 y 2016, menos del 1% de los juicios seguidos contra autoridades brasileñas resultaron con condenas y el 68% no fue concluido.
