El “Rusiagate” llegó para quedarse. Las sospechas de la intromisión del Kremlin en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, resurgen con más fuerza luego de que el miércoles el mandatario de ese país, Donald Trump, despidiera sorpresivamente al jefe del FBI, James B. Comey.
La Casa Blanca justificó la decisión por los errores cometidos por el agente durante la investigación del caso popularmente conocido como “Emailgate”: las pesquisas sobre el mal uso del servidor de correo electrónico privado de la entonces candidata Hillary Clinton.
Trump se respaldó en dos informes del fiscal general, Jeff Sessions, y de su número dos, Rod J. Rosenstein, pero estos no aportaron nada que no se supiera desde el año pasado.
Esta fue la investigación que se publicó once días antes de las elecciones y, según los demócratas, fue el motivo por el que Clinton perdió. En ese entonces el mismo Trump felicitó al ahora ex jefe de la FBI por su labor.
Coincidentemente la semana pasada Comey solicitó al Departamento de Justicia más fondos y recursos para la investigación de la posible influencia del gobierno ruso en los resultados de las elecciones estadounidenses, y así dar la victoria a Trump.
Por eso medios como The New York Times y el Washington Post respaldan la teoría de que el objetivo real de esta medida es frenar las pesquisas que la agencia federal está efectuando sobre la trama rusa.
La decisión de destituir a Comey sacudió los cimientos institucionales de Washington y fue calificada como una bisagra histórica “nixoniana”, haciendo alusión al estilo de gobierno del ex presidente Richard Nixon. Además la acción es interpretada como un abuso de poder, un ataque a la seguridad jurídica y a la democracia del país.
“Comey perdió la confianza de casi todos en Washington, republicanos y demócratas. Cuando las cosas se calmen, ¡me darán las gracias!”, publicó Trump en Twitter ayer en la mañana. Uno de los nueve mensajes que despachó antes del mediodía para defender su decisión.
Con Comey ya son tres los oficiales de la administración despedidos mientras investigaban la campaña del magnate. La fiscal general Sally Yates -quien además se negó a defender el decreto migratorio del republicano- y el abogado del distrito dur de Nueva York, Preet Bharara trabajaban en este asunto cuando fueron despedidos.
