Este martes, la justicia argentina determinó el procesamiento de la ex Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta, en el marco de la causa que investiga irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato.
La investigación a cargo del juez, Julian Ercolini, estudiaba los “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad el empresario Lázaro Báez, quien era cercano al ex presidente Nestor Kirchner, actualmente está detenido por presunto lavado de dinero.
Además, el juez ordenó embargar 10.000 millones de pesos argentinos (US$ 664 millones) de Fernández, y el procesamiento de Báez, el ex ministro de Planifocación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas, José López.
Citando los argumentos del fiscal Gerardo Pollicita, el Juez señaló que la ex Mandataria De Vido, López, Carlos Kirchner, y las autoridades nacionales y provinciales de Vialidad, habrían “formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz“, publicó El Clarín.
Asimismo, el Ercolini consideró que esta dinámica habría “perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional” con el fin de procurar “un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Báez”.
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