El Ministerio del Interior anunció el inicio del proceso para implementar los test de drogas obligatorios a las autoridades del Gobierno, en cumplimiento de la glosa aprobada durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2025.
¿Qué establece esta medida?
Impulsada por la oposición y respaldada por una mayoría parlamentaria, esta iniciativa obliga al Presidente de la República, ministros y subsecretarios a someterse a controles semestrales para detectar el consumo de sustancias ilícitas, si bien el oficialismo mostró incomodidad frente a la solicitud, optaron por aceptar la medida.
A través de un convenio firmado con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), se delegará la ejecución operativa de estos exámenes a un laboratorio externo, mediante licitación pública.
El procedimiento será similar al que ya se aplica a funcionarios públicos, y estará basado en el Decreto 1215 del Ministerio del Interior, vigente desde 2006.
Diferencia con el test a parlamentarios
Mientras que los equipos médicos extraen muestras de pelo a diputados y senadores para detectar consumo hasta 90 días atrás, los encargados del proceso aplicarán a las autoridades del Ejecutivo un examen de orina, que solo identifica consumo reciente.
Las autoridades mantendrán los resultados en reserva, es decir, los subsecretarios recibirán los informes de los ministros y viceversa, mientras que la jefa administrativa de La Moneda, Antonia Illanes, recibirá directamente el informe del Presidente Gabriel Boric.
El proceso tendrá un costo aproximado de 25 millones de pesos y contemplará 66 exámenes en total.
¿Qué ocurre en caso de que el resultado sea positivo?
En caso de que el examen salga positivo, se tomará una contramuestra, y si se confirma que la autoridad consumió sustancias sin respaldo de tratamiento médico, un profesional la derivará a una evaluación psiquiátrica para determinar si presenta dependencia, conforme a los criterios diagnósticos del DSM-V y la CIE-10.
“La evaluación diagnóstica deberá realizarse conforme a los sistemas de clasificación de enfermedades y trastornos mentales actualmente utilizados y validados, particularmente deberán regirse por los sistemas diagnósticos DSM-V y CIE-10”, añade el documento oficial.
“Dicho examen médico buscará determinar si el funcionario (la autoridad) tiene dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales”, añaden las bases.
Críticas a la medida
Sin embargo, la modalidad del examen ha generado fuertes críticas, particularmente desde la UDI. El diputado Juan Antonio Coloma calificó el procedimiento como “una burla”, cuestionando su confidencialidad, el método poco invasivo y la posibilidad de coordinación previa, lo que según el, permitiría a una autoridad abstenerse temporalmente para evitar un resultado positivo.
El parlamentario incluso amenazó con impulsar reformas constitucionales para inhabilitar del cargo a autoridades que consuman drogas, si no se corrigen las condiciones del test.
“Hago un llamado urgente al gobierno a corregir esta licitación, de lo contrario presentaremos incluso reformas constitucionales que permitan terminar con el cargo de ministro o subsecretario para quienes sean consumidores, y que ponga de manifiesto la gravedad de que un Presidente de la República no se realice un examen de drogas con las condiciones mínimas de imparcialidad y transparencia”, concluyó.
