El reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer que 242 municipios del país incumplieron la Ley N°21.389, la cual impide otorgar licencias de conducir a quienes aparezcan como deudores en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
La ley contempla sanciones para los infractores, que van desde una multa del 10% al 50% de su remuneración.
En este sentido, se informó que el 70% de las municipalidades no respetó la normativa, en cifras más exactas, más de 3.400 personas registradas como deudores de pensión de alimentos entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, pudieron obtener su licencia de conducir.
Esta situación afectó directamente a 4.706 niños y niñas, con un monto total adeudado de $17.473 millones.
Municipios en la mira
En la Región Metropolitana, el 94% de las municipalidades no cumplieron con la ley. Mientras que a nivel nacional, seis municipios entregaron más de 100 licencias a deudores. En cifras exactas, en Antofagasta se entregaron 172 licencias, en La Granja (117), Lo Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y en Arica (111).
Por su parte, la CGR subrayó que la responsabilidad recae en los funcionarios municipales a cargo del trámite, quienes deben verificar si el solicitante figura en el registro correspondiente.
Deudores familiares de funcionarios
El informe también reveló que 65 funcionarios municipales obtuvieron o renovaron su licencia en la misma comuna donde trabajan, a pesar de estar inscritos como deudores. Además, 482 deudores de pensión alimenticia resultaron ser familiares de empleados municipales en las comunas donde recibieron el documento, lo que podría evidenciar una red de favores internos dentro de los municipios.
¿Cuáles serán las sanciones?
Ante estos hallazgos, la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría anunció que está evaluando nuevas fiscalizaciones para confirmar las infracciones y tomar medidas correctivas.
Este informe refuerza la preocupación sobre la falta de control en los municipios y el escaso cumplimiento de la ley en materias sensibles, como la protección de los derechos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
