A tan solo 13 días de que el primer mandato de Michelle Bachelet llegara a su final, el 27 de febrero de 2010, el segundo terremoto más grande de nuestra historia y un posterior tsunami, azotó a Chile, dejando a varias localidades completamente destruidas y más de 500 personas fallecidas y más de 50 desaparecidas aún.
Esta catástrofe además, dejó costos políticos de las autoridades y jefaturas que en ese momento estaban a cargo. Las tardías y confusas respuestas los hicieron frente de criticas ante la posibilidad de que un aviso oportuno podría haber salvado muchas vidas.
A 15 años de la catástrofe, estas fueron las cuestionadas autoridades:
Michelle Bachelet
La exmandataria, que ahora asoma nuevamente como una eventual carta presidencial, ha sido cuestionada por no imponerse en la toma de decisiones ante la falta del comandante en jefe de la Armada en la oficina de la Onemi esa noche y por demorarse en decretar estado de catástrofe para que salieran los militares a las calles, para, además de ayudar en la emergencia, combatieran la ola de delincuencia que se desató con los saqueos que se dieron en muchos supermercados.
También se cuestiona que informara que se descartaba un tsunami siguiendo la información que le entregaban desde el Shoa y la Onemi, siendo que existían alertas desde Hawai.
Ante esto, el Congreso levantó comisiones investigadoras para revisar las responsabilidades de la Presidenta, pero finalmente la Cámara de Diputados desestimó el escrito. Luego, en 2015, en la llamada causa Tsunami, la Fiscalía decidió no imputar a Bachelet, argumentando que con la querella “no es posible imputar responsabilidad penal (contra Bachelet), conforme a los antecedentes allegados a la investigación”. Apuntando a que quien debería haber decretado alerta de tsunami, era el entonces subsecretario de Interior, Patricio Rosende y no la Presidenta.
Francisco Vidal
Ministro de Defensa en ese momento, tenía a su mando a las Fuerzas Armadas, fue cuestionado por la tardanza en la decisión de sacar a los militares a la calle. Más tarde, en La Tercera, el ahora presidente del directorio de TVN, declaró que “sabemos que se veía todo como una manga de ineptos. No era así, pero eso se veía. Lo que pasa es que se vivía mucha confusión, porque la información era contradictoria”.
También se le cuestiona el retraso del despliegue de las autoridades a distintos puntos del país, pero lo cierto es que las tripulaciones no podían llegar a las bases.
Patricio Rosende
Subsecretario de Interior, estuvo desde la Onemi después de la catástrofe. Ofreció disculpas públicas como parte del acuerdo al que llegó con la Fiscalía para suspender la causa Tsunami, que buscaba penas de 818 días de presidio menor en su grado medio para él y funcionarios del Shoa y la Onemi, por su responsabilidad en los fallecimientos.
De hecho, Rosende fue acusado de 105 personas al no alertar del peligro cuando ya muchas zonas estaban siendo azotadas por el mar.
Edmundo González
Comandante en jefe de la Armada, tenía bajo su mandato el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (Shoa), organismo que tenía la obligación y facultad de alertar sobre el riesgo de tsunami. Ante la Cámara de Diputados, González reconoció el error, expresando que “a raíz de los acontecimientos posteriores podemos concluir que la cancelación de la alerta de maremoto fue apresurada y que si bien se emplearon ciertos criterios técnicos en el análisis de los antecedentes considerados, no se efectuó una acuciosa evaluación de la totalidad que el Shoa tenía disponibles a esa hora”.
Además, no se presentó esa noche en las oficinas de la Onemi.
Mariano Rojas
Capitán de navío y director del Shoa, fue uno de los imputados en el caso Tsunami, el militar en retiro aceptó cargos por cuasidelito de homicidio en un juicio abreviado. Reconoció que dio marcha atrás a la alerta “37 minutos después de haberla activado, porque no se recibió ninguna comunicación de la Onemi que señalara alguna anormalidad en el borde costero”. La decisión la tomó a pesar de que los reportes de centros de Hawai sí identificaron anomalías.
Carmen Fernández
La directora de la Onemi, también fue cuestionada por su lento actuar ante la emergencia. Fue sobreseída del caso Tsunami, pero tuvo que pagar $235 millones a cerca de 100 familiares de las víctimas, junto con los otros imputados.
Era la encargada de dar el aviso sobre las evacuaciones costeras, pero dijo ante la Cámara de Diputados quela Armada entregó información errónea sobre dónde estaba situado el epicentro del terremoto, lo que impidió que se diera aviso oportunamente.
Edmundo Pérez Yoma
El ministro de Interior no fue parte de los acusados por la fiscalía, ya que esa noche no fue a la Onemi donde se tomaron las decisiones. Pero su no participación fue la principal crítica que se le realizó debido a la magnitud de lo que estaba sucediendo.
