En la madrugada del 21 de febrero de 2024, Ronald Ojeda Moreno fue sacado de su departamento en Independencia, donde vivía luego de que un año antes, el Estado chileno le otorgó asilo político tras su expulsión de su país, Venezuela.
En su nación natal, se desempeñó como militar del ejército, sin embargo, fue expulsado de la institución castrense debido a sus conspiraciones contra el régimen de Nicolás Maduro, incluso, informes internacionales apuntan a que él junto a otros colegas, planearon asesinar al dictador venezolano.
Ya en Chile, Ojeda se dedicó a difundir información de la oposición al gobierno chavista y a realizar activismo por los derechos humanos de sus compatriotas a través de las redes sociales, hasta hace exactamente un año, cuando fue capturado y posteriormente asesinado.
El secuestro de Ronald Ojeda y las primeras hipótesis
Aquel día, un grupo de sujetos vestidos como efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpieron en su inmueble y lo sacaron desde su casa. Las cámaras registraron cómo fue llevado por los tipos, mientras Ojeda solo llevaba puesto calzoncillos.
Con el paso de las horas se confirmó que se trataba de un secuestro, ya que el hombre de 32 años no tenía antecedentes policiales ni causas pendientes.
Así, desde un comienzo se teorizó sobre el móvil del secuestro, tomando en cuenta su condición de refugiado político y su pasado en la oposición a Nicolás Maduro. Frente a esto, el caso en La Moneda se tomó como “delicado para el país”.
Pese a ello, en los primeros días no se descartaba la posibilidad de que hubiera un ajuste de cuentas entre el crimen organizado o que se tratara de un autosecuestro.
El hallazgo del cuerpo y los primeros indicios hacia Caracas
Con el avance de la investigación, el Ministerio Público fue encontrando una serie de pistas, como los autos que se utilizaron para el secuestro, las personas que allí participaron y los recorridos de los secuestradores.
De esta manera, y gracias a la detención de partícipes del rapto, la fiscalía logró dar con un lugar clave para el caso: la toma Santa Marta en Maipú.
El 1 de marzo por la tarde llegaron efectivos de la PDI junto con personal del Ministerio Público, liderados por el fiscal coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en la Región Metropolitana, Héctor Barros. Horas más tarde se confirmó que un cuerpo enterrado en el lugar se trataba de los restos de Ojeda.
Debido a que en el sector se emplazaban células del Tren de Aragua y el avance de las indagatorias, desde la entidad persecutora se consolidó la idea de que detrás del asesinato del exmilitar venezolano se encontraba el crimen organizado, aunque todavía no se podía alzar con seguridad una hipótesis de por qué se asesinó a él.
La visita de fiscales venezolanos
Con el paso del tiempo, la hipótesis de una intervención internacional se consolidaba dentro de las dependencias de la fiscalía, por lo que desde Caracas se intentó despejar las dudas sobre su intervención en el crimen, por lo que se ofrecieron a cooperar con la causa.
Así, entre el 28 de mayo hasta el sábado 1 de junio de 2024, el director general contra Delitos Comunes de Venezuela, Ángel Fuenmayor y el director de Asuntos Internacionales en Chile Álvaro Cabrera, visitaron Santiago para aportar antecedentes para la causa.
Pese a que en la instancia los persecutores del país caribeño prometieron que ayudarían a sus pares nacionales, desde la fiscalía chilena no se les permitió tener acceso a la carpeta investigativa, como ellos habían solicitado.
Finalmente, los venezolanos solo se reunieron con la familia de Ronald Ojeda y su abogado y entregaron los antecedentes de los principales sospechosos por el asesinato y sus antecedentes.
Los primeros roces entre Chile y Venezuela
Tras la visita de los fiscales a Chile, desde el Ministerio Público nacional se acusó de que, en realidad, Caracas no aportó nada a la investigación. Como respuesta, el fiscal nacional de Venezuela, Tarek Saab, cargó contra sus pares chilenos y expuso informes entregados a nuestro país sobre los investigados por el asesinato al exmilitar.
Luego de esto, la tensión entre ambos países aumento debido a las declaraciones de Saab, quien dijo que detrás del crimen de Ojeda había una “operación de falsa bandera” orquestada por grupos de inteligencia chilenos con “intereses espurios”.
Debido a esto, el Gobierno chileno emitió una carta de protesta contra Venezuela.
La ruptura de relaciones entre los países
De ahí en más, la colaboración entre ambos países se quebró, y la relación entre Chile y el régimen de Nicolás Maduro no hizo más que romperse. Así, la dictadura chavista retiró a su diplomacia en nuestro país luego de que el Presidente Gabriel Boric advirtió que no reconocería los resultados fraudulentos de las elecciones presidenciales de Venezuela.
De esta forma, ambos países dejaron de tener una línea directa, algo que no dificultó que la investigación por el asesinato de Ronald Ojeda continuara.
Pese a ello, y sobre todo después de que Nicolás Maduro se robara las elecciones de su país, diferentes autoridades chilenas y venezolanas intercambiaron declaraciones, escalando cada vez más la tensión.
El Ministerio Público apunta a Diosdado Cabello
“Acá hubo una contratación del Tren de Aragua para efectos de secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda. La preparación que vimos nunca se vio en las otras actuaciones que hizo el Tren de Aragua. Y lo que yo le puedo decir en este momento es que estimamos que está detrás el gobierno venezolano”, eso declaró el fiscal Héctor Barros a Radio ADN hace unas semanas.
Y es que gracias a la declaración de testigos y una serie de pruebas, la fiscalía nacional de Chile logró constatar la participación de Venezuela en el asesinato del exmilitar. Incluso desde el Ministerio Público se apuntó al ministro del Interior del régimen de Maduro, Diosdado Cabello como el autor intelectual del crimen.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, respalda esta tesis, y el gobierno del Presidente Boric también la ha apoyado.
Por su parte, desde Caracas, la mano derecha de Nicolás Maduro, insultó nuevamente al jefe de Estado chileno y a las autoridades de la fiscalía, aunque todo parece indicar que el cerco se cierra hacia el funcionario de la dictadura venezolana.
Por de pronto, la ministra del Interior, Carolina Tohá adelantó que el Estado recurrirá al Tribunal Penal Internacional para juzgar a Cabello por sus actos.
