10 mil habitantes y más de cuatro mil familias en 260 hectáreas: El drama de la toma de San Antonio ante su inminente desalojo

Para el 27 de febrero está pactado el desalojo de la toma ubicada en el Cerro Centinela, en San Antonio, la más grande del país y que podría generar graves consecuencias en la zona.

Si bien de acuerdo al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la expulsión de los habitantes del asentamiento precario debe realizarse “de forma razonable y paulatinamente” y en “etapas” desde el municipio local y el Gobierno existe preocupación frente a lo que pueda suceder en el lugar.

En concreto, actualmente el emplazamiento irregular abarca 260 hectáreas, donde viven 4.136 familias y cerca de 10.000 habitantes, por lo que llevar adelante lo ordenado por el tribunal de alzada no parece una tarea sencilla.

Según el Ministerio de Vivienda, en aquella localidad más del 70% de las familias que allí viven están en una situación de vulnerabilidad social, mientras que el 33% son niños, niñas y adolescente. Sumado a ello, el 90% no tiene segunda vivienda y el 13% son extranjeros.

“No es llegar y desalojar. Tienen que cumplirse requisitos respecto a dónde van esas familias, a dónde van los niños, qué ocurre con los adultos mayores. Por eso estamos tratando de encontrar una solución”, comentó el ministro de Vivienda, Carlos Montes a La Tercera sobre el tema.

La solución que busca el Gobierno

Tanto el Ejecutivo como el alcalde de San Antonio, Omar Vera, han advertido de las posibles consecuencias de un desalojo masivo, aunque el titular de Vivienda declaró que, en realidad, la expulsión de los habitantes del asentamiento precario no se desarrollará en su totalidad este 27 de febrero.

“No es que el desalojo deba ejecutarse inmediatamente. Hay un conjunto de mecanismos, y esperamos que la Corte entienda que se está construyendo una alternativa, que en el camino entienda que se está buscando una solución. Se supone que los dueños también estén de acuerdo”, comentó.

Pese a ello, el Gobierno busca un acuerdo entre los habitantes de la toma y los dueños de los terrenos: Inmobiliaria y Constructora San Antonio para que estos puedan adquirir el paño.

Ahora bien, esta estrategia no parece ser sencilla para concretarse, debido al alto costo del suelo, y a que, el Gobierno ya comunicó que el Estado no puede comprar los terrenos ni expropiarlos.

“El Serviu tasa el predio en 0,58 UF por metro cuadrado, mientras que los propietarios piden 0,69 UF. Esa brecha es la que se debe negociar”, comentó Vera a Radio ADN.

“Se ha llagado a la conformación de una federación de cooperativas de viviendas cerradas, que sería financiado vía crédito con garantía del Estado. Es una fórmula que se ha ido materializando después de muchas reuniones”, profundizó el jefe comunal.

Los escenarios que se abren

De momento, Montes ha intentado reunirse con los dueños del terreno para convencerlos de negociar la salida pactada, en conversaciones que hasta ahora, no han llegado a buen puerto.

Así, en este escenario, en La Moneda ya se preparan ante el inminente desalojo, algo que, en sí, genera un problema, debido a la alta contingencia de carabineros que se necesitará para ejecutar el desalojo.