En abril de 2024, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural alertó a través de un correo electrónico de los “efectos jurídicos” que se podrían derivar de la venta de la casa del expresidente Salvador Allende al Estado, debido a que estaban involucradas dos autoridades de Gobierno, como lo son su hija, Isabel Allende y su nieta, Maya Fernández. Diputada y Ministra respectivamente.
“Se debe tener presente que hay dos personas de la comunidad que tienen calidad de autoridad, para efectos jurídicos“, se lee en el correo.
Como publicó La Segunda, este correo electrónico está en manos de la Fiscalía y es parte de los antecedentes que conforman la investigación por eventual fraude al fisco por la venta que no se concretó.
Este mail fue la primera alerta que se tuvo sobre el posible conflicto de interés y según informa el mismo medio, se planteó la preocupación a asesores de Bienes Nacionales.
Desde La Moneda han dicho que no se recibió información previa, lo que se contradecía con este correo.
Recordemos que tanto Isabel Allende como Maya Fernández decidieron guardar silencio, pero otras personas ya han declarado, como Marcela Sandoval, exministra de Bienes Nacionales, Leonardo Moreno, coordinador del equipo de seguimiento de compromisos presidenciales, y Bernardita Nazar, abogada del equipo de asesores del Presidente Boric.
