La carta al Presidente Gabriel Boric que enviaron las aseguradoras EE.UU. por la reforma de pensiones
“Pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio”, aseguran en la misiva.
Este miércoles la Cámara de Diputados revisará la reforma de pensiones que ya fue aprobada por los Senadores. Aunque las AFP no se han pronunciado al respecto, sí lo hicieron las aseguradoras estadounidenses, quienes, a través de su presidente y CEO del American Council of Life Insurers (ACLI), David Chavern, enviaron una carta al presidente Gabriel Boric.
En la misiva, las tres compañías que forman parte de este grupo, que son dueñas de AFP en Chile como Metlife (propietaria de AFP Provida), Principal Financial Group (AFP Cuprum), y Prudential Financial (controla AFP Habitat en conjunto con ILC); muestran su preocupación por la reforma previsional, porque a su juicio el proyecto “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio”.
Como se lee en la carta, Chaveren expresa: “escribimos para compartir nuestras preocupaciones sobre la reforma de pensiones que ahora está frente a la legislatura chilena, y su impacto en los trabajadores chilenos, en la economía chilena y en la forma en que las disposiciones clave de la reforma violarán los derechos de inversión de los inversores estadounidenses en el sector de pensiones”.
E indica que “Chile ha construido una reputación bien merecida como un socio confiable comprometido a honrar los tratados internacionales, incluido el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU y Chile. Sin embargo, la reforma de pensiones propuesta no solo socava esos compromisos, sino que también crea ventajas injustas para los nuevos participantes del mercado a expensas de los inversores estadounidenses, amenazando la posición de Chile como un destino confiable y estable para la inversión extranjera. A medida que la Administración del Presidente Trump comienza su amplia revisión de los acuerdos comerciales, es importante que estas acciones y sus implicaciones sean plenamente comprendidas por los líderes estadounidenses”.
Y no tan solo esto, también asegura que “la propuesta de obligar a una licitación bienal de afiliados de pensiones constituiría una expropiación de inversiones significativas de EE.UU en Chile, y una violación de la obligación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses, entre otras violaciones del derecho internacional. Además, la propuesta de permitir que el Instituto de Previsión Social, de propiedad estatal, proporcione funciones auxiliares a los nuevos administradores de pensiones constituye un trato injusto para los incumbentes que han realizado inversiones significativas en las últimas décadas en su operación e infraestructura”.
Y amenaza que “tales violaciones de los derechos de los inversores de larga data perjudicarían la posición global del país y disuadirían la inversión extranjera futura, que ha sido un motor vital de crecimiento y estabilidad económica. Las empresas que han realizado, y continúan realizando, inversiones significativas en Chile, confían en contar con un marco regulatorio de normas y derechos, muchos de los cuales están codificados en los diversos tratados que Chile se ha comprometido soberanamente a honrar. La violación de Chile de tales obligaciones internacionales afectaría negativamente la confianza de los inversores en Chile. El abuso de los derechos fundamentales de los inversores llevará incluso a los inversores de buena fe a buscar reparación legal”.
Y señalaron: “Nos preocupa que ciertas disposiciones de la reforma propuesta puedan perjudicar la seguridad financiera a largo plazo de los trabajadores y socavar los mercados de capitales de Chile. Propuestas como la licitación bienal de carteras de afiliados, como han destacado consistentemente los estudios técnicos, obligarían a los gestores de inversiones a tomar decisiones subóptimas, incluida la liquidación frecuente de activos, a un costo significativo, lo que reduciría los rendimientos de las inversiones para los trabajadores chilenos”.
Y concluyeron “seguimos comprometidos con el progreso y la prosperidad de Chile. Nuestro objetivo es contribuir constructivamente al diálogo en torno a la reforma de pensiones y apoyar políticas que promuevan la seguridad financiera mientras fomentan la estabilidad y el crecimiento económico. Recibimos con gusto un mayor diálogo con los responsables de la creación de políticas públicas para garantizar que las reformas logren sus objetivos previstos sin consecuencias no deseadas”.
