El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, entró a la polémica por la fallida compra de la casa de Salvador Allende por parte del Gobierno, que ha provocado que la ministra de Defensa, Maya Fernánedez y la senadora Isabel Allende sean llevadas al Tribunal Constitucional por la oposición buscando su destitución.
Esta vez, y a través de una carta a El Mercurio, el abogado lanzó duras críticas a la administración Boric por el error en el contrato que firmaron las socialistas con el Estado.
“La fallida compra por parte del Estado de lo que fue la residencia del Presidente Allende muestra, como en un resumen, los niveles de torpeza a que han llegado algunos funcionarios gubernamentales. Para advertirlo basta revisar algunas reglas”, expone.
Siguiendo esta línea, Peña aseguró que ante la firma de Allende y Fernández, “lo complicado del caso —decir complicado es una manera eufemística de decir escandaloso— es que el contrato fue celebrado, es decir, concurrieron ambas partes y prestaron su consentimiento según consta en la escritura pública suscrita el treinta de diciembre que se encuentra ya incorporada en el protocolo o registro público bajo el número 95.512″.
Además, recalcó que, aunque ambas hayan participado del contrato mediante un representante eso no las exime de ser responsable de la suscripción del mismo. “El contrato se perfeccionó, puesto que prestaron su consentimiento ambas partes ante un notario cuya presencia hace plena prueba de que las partes manifestaron su voluntad (artículo 1.700 del Código Civil). Ese instrumento hace plena fe contra los declarantes según lo establece ese mismo artículo”, indicó.
La posible destitución de Allende y Fernández
En concreto, para el académico se cumplen las condiciones para que la senadora y la secretaria de Estado sean destituidas de sus cargos por el Tribunal Constitucional.
“El asunto se agrava más todavía si se tiene en cuenta que en el derecho vigente se dispone que “nadie puede alegar ignorancia de la ley” (artículo 8 del Código Civil) agregando el artículo 706 del mismo Código que “el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario”. El resultado de todo esto es que la ministra, la senadora y el Ejecutivo han actuado de mala fe, según las reglas lo establecen sin que pueda proveerse una prueba para demostrar lo contrario”, lanzó.
Ante esto, Peña se cuestionó: “¿Cómo es posible que se haya llegado a este extremo de torpeza y descuido en el manejo de los asuntos de Estado? ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto que, no vale la pena ocultarlo, da vergüenza ajena? ¿Cómo explicar que quienes tienen a su cargo hacer valer la Constitución y las leyes las ignoren, no sepan de qué se trata, ni ellos ni los abogados que los asesoran?”.
Las razones detrás del error
“Muchas veces se han excusado los errores en que el Ejecutivo ha incurrido recordando que se trata de personas carentes de experiencia, de manera que habría que aceptar que aprendiesen de sus propios errores. El mismo Presidente ha reconocido, en una de sus varias autocríticas (interrumpidas por los variados tropiezos que le brindan la oportunidad de excusarse de nuevo) que es necesario aprender. Pero en este caso no es inexperiencia, no es falta de tiempo para habitar los cargos, no es falta de comprensión de los críticos, no es la falta de apoyo de la oposición”, alegó Peña.
Así las cosas, para el rector, la explicación de toda esta polémica “es peor. Es pura ignorancia”.
