Menores bajo la protección del Estado: Un 63% de las familias de acogida, figura como las principales agresoras

El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez dio a conocer la quinta versión de su informe de política pública, en el cual presentaron que 78 de cada 1.000 niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo protección del Estado este 2023, fueron víctimas de algún tipo de vulneración física, psicológica o sexual. 

En este sentido, el informe destaca que el 68% de las vulneraciones corresponden a casos contra la integridad física o psicológica, mientras que el 32% de las transgresiones fueron contra la indemnidad sexual, afectando a 5.458 menores.

Además, el documento identifica a las familias como el principal tipo de agresor, representando el 43% del total de casos, seguido de actores de la comunidad (41%). En cuanto a los centros residenciales, un 43% de los casos corresponden a violencia entre pares, mientras que en familias de acogida, un 63% figura como las principales agresoras. 

Respecto a lo anterior, Anuar Quesille, defensor de la Niñez mencionó que “lamentablemente el informe da cuenta de una importante cantidad de niños, niñas y adolescentes que, aunque ya están bajo protección del Estado por una amenaza o vulneración de derechos, vuelven a ser víctimas una vez dentro del sistema que debería protegerles, reparar las consecuencias y evitar la ocurrencia de nuevas vulneraciones”.

Regiones con más denuncias

En términos generales, las regiones con las tasas más altas de vulneraciones son El Maule, Ñuble y Biobío. En los centros residenciales, las regiones más afectadas son Aysén, Antofagasta, Magallanes y Biobío.

Otro dato alarmante del informe es la identificación de 619 casos de explotación sexual, con una tasa nacional de 3 víctimas por cada mil menores. La región de Magallanes es la que tiene la mayor cantidad, con una tasa de 13 por cada mil menores. En el 85% de estos casos, los agresores pertenecen a la comunidad.

Por otra parte, se da a conocer un aumento del 122% en los casos de vulneraciones entre 2021 y 2023, con un total de 127.254 casos identificados. Las transgresiones contra la integridad física o psicológica siguen siendo las más frecuentes (59,3% del total), seguidas de aquellas contra la indemnidad sexual (27,7%).

Ante esta preocupante situación, Quesille enfatizó que el sistema de protección especializado no puede actuar en solitario: “Frente a la alta cantidad de denuncias, es urgente que todos los actores del Sistema de Garantías trabajen de manera coordinada. El servicio necesita el apoyo de las policías, gobiernos locales y el sistema judicial”.