Informe de la CChC revela que familias chilenas necesitan ahorrar todos sus ingresos durante 11 años para comprar una vivienda

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) evidenció una compleja situación para las familias chilenas respecto al acceso a la casa propia.

Y es que la organización actualizó su Índice de Acceso a la Vivienda, el cual mide la relación entre precio de la vivienda y el ingreso de los hogares chilenos y que arroja cuántos años una familia debe ahorrar para poder acceder a una casa.

De esta manera, el índice expuso que las familias chilenas deberían ahorrar todos sus ingresos en un promedio de 11,4 años para poder adquirir una vivienda propia.

Con este escenario, se ve un empeoramiento del panorama respecto a las mediciones anteriores, ya que esto significa un aumento de 3,8 años respecto al 2019.

Así las cosas, Chile se mantiene en una categoría de vivienda “no asequibles”, de acuerdo a la medición internacional, debido a que aquellas naciones donde se requiere un ahorro de más de cinco años entran en esta etiqueta.

Si bien, al compararse con otros países, Chile solo es superado por Nueva Zelanda, con un promedio de 11,6 años, la situación es “preocupante” en otros Estados, como Canadá (9,1 años) y Australia (8,4).

Las complejidades detrás del encarecimiento de la vivienda

Al respecto, el gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, Nicolás León, señaló que “evidentemente existe una creciente brecha entre el precio de la vivienda y el ingreso de los hogares, lo que ha ido dificultando el acceso a la ‘casa propia’ durante la última década”.

De igual manera León indicó que “desde el punto de vista de la oferta, lo más incidente ha sido el aumento del precio del suelo donde sería posible desarrollar proyectos habitacionales”.

Otras de las razones detrás de esta situación, según la CChC, son el aumento en el valor de los materiales, la mano de obra, los cambios normativos en la aplicación del IVA a la compraventa, las restricciones a la construcción en altura, aumento en la demanda gracias a los cambios de la composición familiar y al crecimiento de la población migrante, además de la dificultad al acceso de financiamiento.

“Estamos frente a un problema social urgente, provocado por múltiples factores. Esto significa que ya no puede resolverlo solo un ministerio o un grupo de empresas”, recalcó.