Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, Sergio Muñoz y Mario Carroza serían los ministros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente, luego del escandaloso Caso Audio que han involucrado a los magistrados en tráfico de influencias, ayudan en nombramientos, filtraciones de información del Poder Judicial y otras acusaciones.
En concreto, según lo publicado en El Mercurio, desde el oficialismo más la Democracia Cristiana presentarán un libelo acusatorio contra la ministra Ángela Vivanco debido a sus comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla, quien hoy se mantiene en prisión preventiva.
Además, desde la izquierda, en conjunto con la Falange, presentarán una AC contra el ministro Jean Pierre Matus, quien también fue salpicado por el Caso Audio, y aunque los argumentos irían en la misma línea, ambas acciones acusatorias se presentarán por separado.
Por su parte, Chile Vamos también presentarán acusaciones constitucionales contra Vivanco y Matus, sin embargo, en este caso, lo harán en un solo libelo, acusando la misma causal de sanción: notable abandono de deberes.
Sumado a dichas acusaciones, desde la oposición también presentarán otras contra el ministro Sergio Muñoz, a quien acusan de falta de probidad y transparencia, además de realizar acciones para favorecer a su hija en un fallo.
Las diferencias en la oposición y el oficialismo por las acusaciones constitucionales
De igual manera, la diputada RN, Camila Flores, anunció que presentará otro libelo contra el ministro Mario Carozza imputándole acciones para favorecer el nombramiento de notarios a nivel nacional.
Si bien en el caso de Vivanco y Matus, tanto oposición como oficialismo coinciden en la necesidad de acusarlos constitucionalmente —por separados— no existe lo mismo para las AC contra Muñoz y Carroza.
Desde la izquierda se acusa a la oposición de “búsqueda de empate”, según dijo a Radio Duna el jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo. Esto debido a que ambos magistrados han investigado y dictado sentencias en una serie de causas ligadas a violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por Augusto Pinochet.
La posible sobrecarga en el Congreso
Todas estas situaciones provocarían una gran sobrecarga de trabajo en el Parlamento. Para cada acusación, se necesitará formar una comisión compuesta por 5 diputados sorteados. Por ejemplo, si presentan una acusación contra Vivanco y Matus, otras dos acusaciones contra ambos por separado, y otras dos más contra Muñoz y Carroza, en total serían 25 parlamentarios dedicados exclusivamente a revisar los libelos.
A esto hay que sumarle el trabajo de secretarios y personal del Congreso que trabajarán en dichas comisiones, lo que supone una importante cantidad de personas del Legislativo enfocadas en dichas acusaciones constitucionales.
Todo esto, ha generado incomodidad en el Gobierno, quienes ven con malos ojos que dentro del Congreso se empiece a ralentizar la tramitación de proyectos claves para el Ejecutivo, sobre todo en momentos en que el Presidente había anunciado el impulso del proyecto de ley que legaliza la eutanasia, aquel que pone fin al CAE y el fast track en materia de seguridad.
Además, La Moneda debe presentar nombres para designar en la Corte Suprema. Dada la ola de acusaciones constitucionales y la crisis interna en el Poder Judicial, este proceso también podría verse afectado.
Ante esto, la Infiltrada, Gloria Faúndez, en Duna en Punto señaló que “esto es lo que tiene complicado al Gobierno, porque en La Moneda el asunto es: las acusaciones constitucionales evidentemente te generan un gasto de tiempo legislativo (…) para un Gobierno que quiere presentar una agenda legislativa que quiere que avance”.
