Durante este domingo, el caso que investiga la muerte del carabinero, Rodrigo Puga Herrera, quien fue asesinado en la madrugada de este sábado a la salida de una fiesta en el Teatro Caupolicán, luego de que se revelara que hay un funcionario policial detenido y quien habría efectuado disparos en el lugar donde se produjo el homicidio.
Y es que con el avance de la causa se ha conocido que Puga estaba realizando labores como guardia de seguridad privado junto a otro carabinero de su misma comisaría, (la 3ª Santiago Central) y este último habría disparado con un arma particular. Ahora se busca saber si este provocó la muerte de su colega.
Al respecto, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, detalló que “la información a medida que ha avanzado las horas nos habla que se trataba de un grupo de delincuentes que estaba cometiendo delitos dentro de la fiesta y que fue expulsado por una puerta lateral y que posteriormente vienen, preliminarmente parte de ello, al acceso principal donde toma lugar este enfrentamiento”.
De igual manera, el funcionario de Gobierno indicó “independiente de la gravedad de lo sucedido”, un carabinero “no pueden ejercer labores de seguridad privada y disposiciones internas”.
“Esto es una falta grave dentro de la institución. Por eso mismo el otro funcionario fue inmediatamente apartado de sus funciones, independiente que haya una investigación en curso”, afirmó, “sobre todo por la nueva ley de seguridad privada que acaba de promulgar el Presidente de la República, que su reglamento ya fue ingresado a Contraloría”, expresó.
Las sanciones sobre el carabinero detenido
Por otro, el subsecretario Vergara profundizó que esta normativa “prohíbe explícitamente que un carabinero o un policía de Investigaciones puedan ejercer labores de seguridad privada, por distintas razones, pero particularmente, y la que motiva hoy a la disposición interna de carabineros, tiene más bien que ver con además en que es carabineros quien fiscaliza las empresas de seguridad privada”.
“Entonces con la nueva ley, no solamente esto está prohibido, sino que también la empresa que contrata a este tipo de funcionarios policiales, puede llegar a sufrir multas de hasta 800 millones de pesos. Entonces, esto es una problemática que independiente de la gravedad de lo sucedido y la gravedad del homicidio”, agregó.
Por su parte el prefecto de la Prefectura Central, el coronel Fernando Albornoz, profundizó que “nuestro reglamento establece que nuestra función es la labor propia que ejecuta Carabinero de Chile en el área del orden público, de la seguridad pública interior. Todo lo que sea relacionado externo a estas circunstancias son irregularidades, como el efecto de efectuar trabajos en el área de seguridad privada. Eso no se puede desarrollar mientras un carabinero se encuentra en servicio activo”.
