Ya lo decía durante esta mañana en Duna en Punto, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea: “Hemos propuesto que, dada la complejidad y la historia de estos proyectos (reforma de pensiones), nos demos de aquí a fin de año para tramitar en el Senado y que discutamos en general y en particular de una sola vez”.
Finalmente, la solicitud de la oposición fue escuchada y acogida por el Ejecutivo y en la sesión de la comisión de Trabajo de la Cámara Alta, el Gobierno presentó un protocolo de tramitación de la reforma previsional que impone plazos fijos para la votación del mencionado proyecto.
Dicho documento, que dispone entre otros puntos, el despacho del proyecto del senado en enero de 2025, fue respaldado por el oficialismo y la oposición durante la comisión.
En concreto, el texto dispone que “la Sala del H. Senado autorizará que la Comisión de Trabajo y Previsión Social discuta el proyecto en general y particular a la vez. Sobre esa base, el proyecto seguirá su tramitación en la referida Comisión en la forma de votaciones ad-referéndum, las que desembocarán en un texto completo y consistente, el que será sometido a votación en general y particular al final del proceso”.
En este sentido, la propuesta dicta que “el proyecto deberá quedar despachado a sala antes del término del presente año, concluyéndose el segundo trámite constitucional a más tardar en el mes de enero 2025″.
“Las votaciones ad-referéndum irán incorporando indicaciones que serán analizadas por una instancia técnica, conformada por representantes de los senadores y senadoras de la Comisión, así como del Ejecutivo. En dicha instancia se buscarán los acuerdos más amplios posibles, sin perjuicio de que aquellos que no logren alcanzarlos se resuelvan por votación”, también se puede leer.
El acuerdo para la reforma de pensiones
Otro de los puntos importantes que componen el documento presentado por la ministra del Trabajo, Jannette Jara, son los “temas prioritarios a tratar en la tramitación”.
Dentro de estos, se plantea que esta reforma deberá “desarrollar mecanismos que permitan elevar el ahorro para pensiones, que involucren la tasa de cotización, la disminución de la informalidad previsional e incentivos a prolongar la vida activa. Es muy importante que la reforma no contenga elementos que desincentiven las cotizaciones”.
De igual manera, deberá “establecer parámetros objetivos y claros” respecto a las próximas definiciones de la PGU, “de tal forma de evitar el populismo con este pilar clave del sistema de seguridad social y de importante implicancia fiscal”.
Además, la reforma tendrá que “modificar elementos de la organización industrial del mercado de fondos de pensiones para incrementar la competencia en precios y rentabilidades, la que ha demostrado ser actualmente insuficiente debido a la inercia de la demanda. Estas modificaciones deben evitar tener impactos negativos en la rentabilidad de los fondos”.
En el texto, también se proyecta “perfeccionar aspectos de la gestión de fondos con el objetivo de elevar el retorno de los mismos”.
Los principales objetivos del acuerdo
El quinto objetivo del acuerdo se hace cargo de “incrementar el monto de las pensiones actuales y de quienes están próximos a pensionarse, que aún tengan bajas tasas de reemplazo, a través de un seguro social. Este beneficio, según el diagnóstico ampliamente compartido, será transitorio y debe estar focalizado en mujeres y en personas de alta densidad de cotizaciones”.
Así también se deja en claro que “durante el período de vigencia del seguro social señalado precedente, se deberá generar un fondo para sostener el pago de dicho beneficio, cuya inversión será licitada a privados”.
Uno de los puntos más importantes respecto a la reforma de pensiones era cómo generar mecanismos que ayuden a las mujeres a aumentar sus pensiones, esto también se toca en el mencionado documento.
“Se establecerá un mecanismo permanente que permita a hombres y mujeres, que tengan igual condiciones de jubilación (edad y ahorro), obtener la misma pensión”, se mandata.
También se dispone que se van a reconocer “los aportes que hagan los cotizantes o sus empleadores a su nombre”. Por último se impulsará el “fortalecimiento de la institucionalidad previsional, tanto en la determinación de los parámetros del sistema como en velar por la sostenibilidad de los beneficios en el tiempo”.
