Desde la izquierda se ha insistido en la necesidad de cerrar el penal de Punta Peuco, donde se mantienen encarcelados violadores de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, luego de que el ministro de Justicia, Luis Cordero, descartara la opción de terminar con el centro penitenciario.
De acuerdo al secretario de Estado, la sobrepoblación penitenciaria y la escasa cantidad de cárceles impiden que dicho recinto deje de funcional. Tras esto, parlamentarios desde el Frente Amplio y el Partido Comunista insistieron en que Punta Peuco debía dejar de existir.
Frente a esto, Cordero insistió en que en el escenario actual, no es posible cerrar ningún centro penitenciario, y que “no puedo negar los hechos, no puedo negar los datos. Es mi responsabilidad, no solo frente al Presidente de la República, sino que frente a mi desempeño ante la sociedad”.
De igual manera, el ministro aseguró que debido a la ubicación geográfica del penal y que no cuenta con agua potable, no es posible aumentar la población de detenidos y que “trasladar, cerrar ese establecimiento penal, o cualquier otro en el país, es imposible”.
Esto también explicaría la imposibilidad de trasladar a reclusas embarazadas o mujeres con sus hijos, pero que también “la decisión del Ejecutivo en el caso de madres de hijos con menores de dos años y mujeres embarazadas que están en prisión, en opinión del Ejecutivo, ellas no debieran estar en prisión”.
Además, Cordero detalló que en Punta Peuco actualmente hay 135 personas condenadas por violaciones a los derechos humanos, mientras que en Colina 1 hay 181.
