Han sido semanas complejas al interior del Poder Judicial. Y es que en primer lugar, un reportaje de Ciper expuso supuestas operaciones del exministro de defensa y diputado, Mario Desbordes para favorecer en el nombramiento de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier.
Y si bien, el otrora presidente de Renovación Nacional (RN) se ha defendido declarando que hay una operación política desde el INDH y el Ministerio Público en su contra, el tema del nombramiento de ministros del PJUD se instaló en los poderes del Estado.
Sumado a ello, ahora el mismo medio antes mencionado publicó un reportaje donde expuso que Víctor Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Suprema, Ángela Vivanco, habría realizado movimientos para interferir en el nombramiento del fiscal nacional en 2022, donde finalmente fue elegido Ángel Valencia.
En el trabajo periodístico se publicó un chat entre Migueles y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien se postulaba para dirigir la Fiscalía Nacional. El persecutor envió este chat al abogado Luis Hermosilla, investigado por supuestas coimas.
En el chat, la pareja de la magistrada le ofreció un doctorado y posicionarlo a él en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en desmedro del actual jefe de la división, Xavier Armendáriz.
Gran revuelo en el Poder Judicial
Si bien, desde la exvocera del máximo tribunal y su pareja se defendieron de la publicación del medio de comunicación, las esquirlas del caso se vuelven más fuertes al sumarse a la seguidilla de polémicas que han rodeado al PJUD.
A estas situaciones, ahora se le suma también las querellas presentadas por Romy Vargas, madre del soldado Franco Vargas, quien falleció durante una marcha militar en Putre, y tres conscriptos de la misma división a la que pertenecía el fallecido cadete, por tráfico de influencias, prevaricación y omisión de denuncia en el mismo caso que se le involucra a Mario Desbordes.
En la acción judicial se exponen los mismos hechos que se presentaron por aparentes negociaciones entre el exdiputado y el exjuez Juan Antonio Poblete. El séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ya acogió a trámite estas querellas.
Cabe destacar que una reciente publicación de La Tercera evidenció que durante la demanda del INDH por este caso, la fiscalía jugó un rol fundamental para que el instituto presentara la querella contra “quienes resulten responsables”, pero que termina salpicando al candidato a alcalde por Santiago.
La discusión por los nombramientos en el PJUD
Tras estas situaciones, desde el mundo político se instaló la opción de modificar los procesos de nombramientos al interior del Poder Judicial. Sin ir más lejos, el ministro de Justicia y DD.HH, Luis Cordero, se abrió a estas reformas.
“Hay un amplio acuerdo, incluyendo a la Corte Suprema desde el 2015, de que el sistema de nombramiento tiene que ser modificado. El problema estructural que tenemos no está solo en la Suprema, lo que pasa que el de la Suprema tiene bastante escrutinio”, dijo el secretario de Estado a CNN Chile.
Además, Cordero apuntó a que “el problema no es el Senado, el problema son las prácticas de comunicaciones impropias para promover determinados candidatos o determinados mecanismos”.
Respecto a los escándalos antes expuestos, el abogado también dijo que “comportamientos impropios o aquellos que puedan representar eventuales comisiones de delito que comprometan a funcionarios públicos calificados como dentro las hipótesis generales de corrupción, todas tienen que ser investigadas penalmente”.
El ministro comparte la idea con el mundo parlamentario, ya que diputados de Chile Vamos y del oficialismo se han abierto a legislar en esta dirección, frente a los múltiples cuestionamientos que han surgido en el Poder Judicial.
