El 27 de abril, en Putre murió el conscripto del Ejército Franco Vargas en medio de un ejercicio de cadetes de la institución castrense. Dicha tragedia ha generado un remezón dentro de las Fuerzas Armadas, que hoy tienen cuestionado al comandante en jefe, el general Javier Iturriaga.
Si bien en un inicio los militares a cargo de la Brigada Motorizada n.º 24 “Huamachuco”, donde participaba el joven fallecido le quitaron responsabilidad a sus acciones, con el paso del tiempo se comprobó que las versiones preliminares del Ejército eran tergiversadas y en ocasiones falsas.
Todo este escenario también hizo cambiar las decisiones de Iturriaga, quien en un primer momento determinó relevar de sus cargos a estos militares, pero tras comprobarse sus faltas, el general derechamente los llamó a retiro.
El despliegue de Iturriaga
Ya en la mañana de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric anunció que convocaría a una reunión para este viernes con el comandante en jefe del Ejército y la ministra de Defensa, Maya Fernández, para que le explicaran personalmente qué sucedió el día en que murió Franco Vargas.
Horas más tarde, el mismo Iturriaga salió a reconocer que “la información preliminar entregada, adoleció de falta de precisión, y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento, materia que seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió”.
De esta forma, el comandante en jefe de la VI División de Ejército, general de brigada Rubén Castillo Herrera, y el comandante de la Brigada Motorizada n.º 24 “Huamachuco”, el coronel Sebastián Silva Ramírez, además de otros ocho militares que estaban al mando directo de los conscriptos fueron removidos de sus cargos y se les llamó a retiro.
Con el paso de los días, la situación se ha vuelto más compleja dentro y fuera del Ejército. La situación generó que más de 100 cadetes de la brigada donde participaba Vargas renunciaran al servicio militar y que el rol de Iturriaga fuera cuestionado.
La presión sobre el comandante en jefe
De acuerdo a fuentes recogidas por La Tercera, dentro del Gobierno existía cierta molestia por la manera en que el comandante en jefe se involucró en el caso, acusando que su reacción había sido tardía y que se desplegó en terreno cuando ya habían pasado varios días desde la muerte de Vargas.
Frente a esto, desde el Ejecutivo se le instó al comandante en jefe que tuviera un rol más activo dentro de la investigación del caso.
Incluso, en un punto de prensa, el mismo general se hizo cargo de su liderazgo y apuntó a que “he estado todos los días de que la investigación avance. Yo no tengo injerencia en los detalles, pero he estado preocupado de que todos los fiscales tengan a los testigos que correspondan”
“A mi juicio, lo que está en duda es la credibilidad de la institución. Se ha instalado una duda respecto de que estamos ocultando información, tergiversando los hechos, y eso no es así”, agregó.
Amenazas de acusaciones constitucionales
Ahora, a causa de todas estas contradicciones y destituciones, desde el Congreso, una serie de parlamentarios oficialistas han solicitado la renuncia de Iturriaga.
Uno de los más duros fue el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, quien acusó que el general actuó “con prácticas propias de regímenes autoritarios, de la dictadura, en el servicio militar que hoy están realizando jóvenes de nuestro país”.
Es más, el congresista anunció que en caso de que el Presidente no remueve a Iturriaga, presentará una acusación constitucional contra el comandante el jefe. Esta idea contaría con el apoyo de los diputados Ana María Gazmuri, Pamela Jiles, René Alinco, Hernán Palma y Mónica Arce. A estos también se les sumó la la senadora, y presidenta de la comisión de DD.HH. de la Cámara Alta, Fabiola Campillai.
Por su parte, el Frente Amplio descartó tomar acciones tan drásticas como estas, aunque han sido bastante críticos con las acciones del general.
