Proyecto de Ley Antiterrorista: ¿Cuáles son los cambios?
FOTO: Agencia Uno. En conversación con Duna en Punto, el senador José Miguel Insulza destacó que la normativa “define como delito la asociación terrorista, es importante, eso no existía antes”.
La Sala del Senado aprobó este jueves por unanimidad gran parte de la nueva Ley Antiterrorista y por mayoría cuatro aspectos específicos de la iniciativa.
Tras esta votación, la medida pasará a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El proyecto que busca modernizar la normativa antiterrorista con el propósito de superar los obstáculos que se han evidenciado el último tiempo y que han impedido su aplicación oportuna quedó listo para cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados.
En conversación con Duna en Punto, el senador José Miguel Insulza destacó que la normativa “define como delito la asociación terrorista, es importante, eso no existía antes”.
La normativa actual data de 1984 y ha sido transversalmente cuestionada por su ineficaz definición de la conducta terrorista.
¿Cuáles son los cambios que introduce la nueva Ley Antiterrorista?
La nueva Ley Antiterrorista busca sancionar con presidio mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día a 10 años) a toda persona que participe en una asociación terrorista.
También determina penas agravadas según la función que el acusado cumpla en dicha asociación: sea como reclutador, fundador, financista o jefe del grupo.
A su vez, señala que, aún cuando no se forme parte de una asociación terrorista, un delito terrorista se comete cuando los delitos sean perpetrados con alguna de las tres finalidades establecidas.
Estas son: socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado, imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado o someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.
El proyecto también pretende facultar al Fiscal del Ministerio Público a cargo de una investigación de hechos que revistan caracteres de delito terrorista, previa autorización judicial, para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles.
