“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme”, aseguró el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ante la decisión de no permitirle salir del país.
Y agregó: “Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades!”.
El viaje fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) que alertó a la Fiscalía, la que se comunicó con la defensa de Jadue anunciando que si se concretaba el viaje, despacharía una orden de detención en su contra. Esto por las sospechas de que el alcalde pidiera asilo en ese país.
Desde el gobierno han reaccionado a la decisión de la Fiscalía asegurando que es “gesto de deferencia”, “las cosas operaron como corresponde” y “respetamos la autonomía del Ministerio Público”.
Un gesto de deferencia
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, , fue un “gesto de deferencia” al haberle avisado que de no desistir de su periplo, se cursaría una orden de detención en su contra.
En CNN Prime, el titular de Justicia aseveró que “los antecedentes que tengo yo son los mismos que tiene todo el público. Entiendo que es una llamada telefónica que realiza la fiscal (Giovanna Herrera) al abogado del alcalde Jadue (Ramón Sepúlveda). Yo creo que pocas personas tienen ese gesto, entiendo que dada la conversación que tuvieron, el alcalde toma la decisión de retirarse del aeropuerto”.
“Yo tengo la impresión de que sí”, dijo el titular de Justicia consultado sobre si la comunicación entre la Fiscalía y el jurista Sepúlveda se trató de un “gesto de deferencia” hacia la autoridad comunal.
Y recalcó: “Yo lo entiendo como un gesto de deferencia… para que el alcalde tomara voluntariamente la decisión de continuar con su viaje o abandonar el lugar”.
Las cosas operaron como corresponde
Por su parte, la ministra de Interior, Carolina Tohá, sostuvo que “no, no nos ponemos en una posición difícil porque tenemos muy claro que aquí las cosas operaron como corresponde y que no hubo ningún actor político que interviniera en este proceso”, declaró la titular de Interior.
En esa línea, manifestó que “esta es una alarma que, de acuerdo a cómo está el protocolo en estos casos, tiene que entregar la policía de investigaciones cuando hay un paso a través de Policía Internacional, se le hace llegar a la fiscal que está a cargo del caso y ella toma una decisión de acuerdo a lo que le parece conveniente para el proceso”.
“El gobierno no interviene en ningún momento y no le corresponde juzgar, sino respetar la labor que hacen la Fiscalía y las policías en esta materia”, sostuvo la ministra.
Respetamos la autonomía del Ministerio Público
En conversación con Duna en Punto, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al caso de Jadue en la misma línea que ayer lo hicieran el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el ministro de Justicia, Luis Cordero. Esto es, afirmando que la investigación está a cargo del Ministerio Público. “Tenemos una institucionalidad que tiene que funcionar”.
“En todo momento nosotros no solo respetamos la autonomía y las definiciones que tiene el Ministerio Público, sino que también las atribuciones y facultades que tienen los propios implicados o imputados para para defenderse”, agregó.
respecto a la defensa que hizo el PC por Jadue, partido también de la vocera de gobierno, Vallejo dijo: “Los partidos tienen su autonomía y su derecho a poder defender a los suyos en base a las herramientas que dispone la constitución y las leyes”.
Finalmente, consultada por el supuesto “atentado contra la democracia” y la “persecución” que alegó Jadue, señaló: “No me voy a pronunciar sobre las percepciones de cada quien, cada uno tiene sus propias razones. En este sentido, el gobierno toma distancia de las interpretaciones políticas y lo que hace básicamente es poder respetar las facultades que tienen tanto el alcalde como la fiscalía para proceder en estos casos”.
